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 Rodríguez Zapatero y José Montilla. (Efe)

Ya es un hecho. El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han sido incapaces de cumplir con uno de los puntos clave del Estatut: acordar un nuevo sistema de financiación antes del 9 de agosto de 2008. Dos años después de que se aprobara este controvertido texto, recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional, sólo una cuarta parte de los traspasos previstos del Estado a la Generalitat se han producido, en concreto, 11 de 40. Pero la ausencia de un pacto sobre financiación es el incumplimiento más grave y el origen de una tormenta política que ha unido en contra del Ejecutivo de Zapatero a CiU con los partidos que conforman el tripartito (PDC, ERC e ICV).

La escenificación de este frente común de los partidos catalanes tiene lugar este sábado en la sede del departamento de Economía del Govern. Su conseller, Antoni Castells (PSC), comienza así una ronda de encuentros para analizar cuál ha de ser la actuación de la Generalitat una vez que el modelo de financiación no se ha concretado en el plazo previsto. Primero se reunirán los representantes de PSC, ERC e ICV en la comisión bilateral de Asuntos Económicos y Fiscales entre Estado y Generalitat. A ellos se unirán más tarde tres diputados de CiU, partido que ha rechazado presentar una propuesta propia de financiación para cerrar filas en torno al tripartito. Además, Castells se entrevistará el lunes con representantes del PP catalán y de Ciudadanos para buscar su apoyo a la hora de presionar al Gobierno central. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, le trasladará que los populares abogan por “una posición conjunta de todos los partidos catalanes" para la financiación, pero al margen del Estatut.

El rechazo de Pedro Solbes a establecer un nuevo criterio que limite las aportaciones catalanas para la sanidad, la educación y los servicios básicos del resto de España ha sido uno de los principales obstáculos para que Gobierno y Generalitat no hayan alcanzado un acuerdo. El planteamiento del Govern y CiU es que un territorio no debe sufrir un recorte en su nivel de 'renta per cápita' tras aportar fondos en beneficio de otras comunidades autónomas. Cataluña figura en tercer lugar en la lista de comunidades con más recursos, pero desciende al undécimo puesto tras aplicarse los mecanismos de nivelación entre territorios.

Aumenta la tensión

El secretario general adjunto de CDC, Felip Puig, recordó ayer al Gobierno central que está obligado a cumplir con el Estatuto catalán, por ser una Ley orgánica aprobada. Puig, en declaraciones a RAC-1, señaló que el Gobierno español incurre en una "ilegalidad absoluta que tendrá que hacer reflexionar en el futuro sobre cuál es la respuesta política que se da en un estado que incumple sistemáticamente la ley". Asimismo, valoró la "unidad" alcanzada por CiU y el tripartito asegurando que "el consenso que estamos intentando conseguir desde Cataluña tiene que compensar la debilidad negociadora del PSC con su homónimo PSOE".

Así, Puig solicitó al presidente de la Generalitat, José Montilla, que recurra a menos "amenazas" y "desafíos" al presidente del Gobierno. "Lo que es necesario es que dobleguen a su propio partido", apuntó Puig, quien añadió que "preferiría que hubiese una actitud mucho más contundente negociando directamente con el presidente Zapatero". El vicesecretario general de Coordinación Interna y Acción Electoral de ERC, Eduard López, hizo un llamamiento a los partidos políticos y la sociedad civil para convertir la Diada del 11 de septiembre en un "clamor nacional" por una financiación que reduzca el "insoportable déficit fiscal" de Cataluña. Además, invitó a la patronal catalana a "explorar iniciativas conjuntas en las cuales los sectores económicos se sientan cómodos", y erigió en ejemplo el acto organizado por el IESE para reclamar que el Aeropuerto de El Prat sea un 'hub' internacional.

Por su parte, Joan Herrera, portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, iniciará el lunes, probablemente junto a CiU, el trámite para que Zapatero comparezca ante la diputación permanente de agosto para dar explicaciones. El PP, a través de Esteban González Pons, exigió a Zapatero que interrumpa sus vacaciones en Doñana (Huelva) para explicar cómo va a solucionar "los problemas" de la financiación autonómica.

Ante esta avalancha de críticas, el responsable de Política Municipal del PSOE y portavoz de Interior en el Congreso, Antonio Hernando, respondió que es necesario serenar los ánimos entre los políticos, "especialmente los dirigentes catalanes", ante la "escalada verbal" que se está registrando en los últimos tiempos. “A todos nos conviene, especialmente a los dirigentes catalanes, serenarnos un poco, bajar el balón y entender que estamos en un proceso de negociación en el que hay legítimas diferencias, pero en el que el objetivo final es llegar a un acuerdo y que a nada conducen los insultos”, agregó.

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