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El director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha calificado de "inaceptable" las instrucciones del Comité Olímpico Español (COE) que, según Beltrán, prohíben a los deportistas españoles hablar sobre política. Así lo ha asegurado Beltrán a los periodistas en San Lorenzo de El Escorial, donde participa en un curso de verano de la Universidad Complutense dedicado a la defensa de los derechos humanos.

Para Beltrán, el presidente del COE, Alejandro Blanco, "confunde hablar de política con hablar de derechos humanos universalmente aceptados", cuando no permite a los atletas españoles que manifiesten sus opiniones sobre la situación política de China, amparándose en la medida del Comité Olímpico Internacional (COI), según la cual serán excluidos de las competiciones quienes hagan publicidad o propaganda no autorizada en las zonas olímpicas.

Así, considera que el COE "ha ido más allá" que el COI, ya que según recoge el reglamento del organismo internacional, la propaganda o publicidad se refiere a temas políticos o religiosos, pero no incluye los derechos humanos. Además, ha subrayado que este tipo de restricciones sólo se aplican a los lugares que necesitan acreditación olímpica y que los deportistas gozan del derecho a ejercer su libertad de expresión.

Un compromiso roto

Según Beltrán, el COE "ha violado el compromiso" sobre la ausencia de restricciones a la libertad de expresión de los deportistas españoles que adquirió la institución con Amnistía Internacional España durante la celebración de dos reuniones en febrero y en abril y, ha agregado, que la Secretaría de Estado para el Deporte, manifestó en julio que "jamás" permitiría estas restricciones.

Beltrán ha exigido a la Secretaría de Estado para el Deporte un "mensaje claro" y, al COE, que rectifique su posición.

Por otra parte, también se ha referido a la decisión del Consejo de Ministros italiano adoptada el 25 de julio de decretar el estado de emergencia en todo el país para hacer frente al flujo de inmigrantes, lo que supone que 3.000 soldados pertenecientes a los tres ejércitos patrullarán las calles, acompañados de miembros de la Policía.

"Amnistía Internacional no se opone a que otros miembros de las Fuerzas Armadas patrullen, dentro de un marco legalmente establecido" aunque, ha puntualizado que, "normalmente, los militares no están entrenados profesionalmente para abordar cuestiones que tienen que ver con orden público", por lo que, según Beltrán, pueden ocasionar violaciones graves de los derechos fundamentales.

El director de Amnistía Internacional en España ha mostrado su preocupación por la identificación entre inmigración y delincuencia que, en su opinión, trasladan las autoridades italianas a la opinión pública, especialmente en el caso de los gitanos rumanos.

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