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 De Juana abandona la prisión junto a su mujer. (Efe)

La libertad del terrorista Ignacio de Juana Chaos ha devuelto a la actualidad el debate sobre la necesidad de aplicar la cadena perpetua en casos de especial gravedad, ausencia de arrepentimiento o rechazo a la reinserción en la sociedad. De Juana pasó 21 años entre rejas por el asesinato de 25 personas y un delito de amenazas. Nunca ha pedido perdón y, sólo dos días después de salir de prisión, la Audiencia Nacional ha abierto una nueva investigación por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo. Pese a que ni PSOE ni PP han propuesto la instauración de la cadena perpetua, es una reivindicación que se puede escuchar en las concentraciones de víctimas del terrorismo y en boca de diferentes juristas. La polémica por la salida de la cárcel de sanguinarios terroristas se une a la “caravana pro cadena perpetua”, que protagonizó hace unos meses la familia de Mari Luz Cortés, la niña asesinada presuntamente por el pederasta Santiago del Valle.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, se ha manifestado reiteradamente a favor de abrir una reflexión que permita incluir en la legislación española la cadena perpetua. Según explicó a este diario, “la sociedad española está madura para este debate, como lo estaba hace diez años para que se aprobara el cumplimiento íntegro de la penas, que no llegó hasta 2003. Es sólo una cuestión de oportunidad política”. López no tiene dudas sobre su constitucionalidad. “Es constitucional, como ha dicho el tribunal de Estrasburgo y las cortes constitucionales de Italia y Alemania”, asevera.

Además, el portavoz del CGPJ recordó que España puede extraditar a extranjeros a países donde se pueden enfrentar a penas de por vida, por lo que aseguró que se “sonroja” cuando escucha al presidente del Gobierno o al ministro de Justicia asegurar que la cadena perpetua no es constitucional.

López abogó por que se aplique a delitos de especial gravedad, reiteración o peligrosidad, como los ataques a la libertad sexual o el terrorismo. “En Francia, De Juana habría pasado al menos 26 años en prisión, y para salir a la calle, como mínimo se tendría que haber arrepentido. Cuestionado acerca de si esta pena iría en contra del principio de reeducación y reinserción que señala la Constitución española, López respondió que en Italia también existe esa orientación, por lo que existe la posibilidad de revisión de la condena y de que la pena de por vida sea conmutada por otra limitada en el tiempo. Algo que también contemplan Francia, Reino Unido y Alemania, países de la Unión Europea que aplican la cadena perpetua en casos de asesinato, terrorismo o genocidio. “Esto fuerza al reo a que se reinserte”, añadió López.

"Contrario al Estado de Derecho"

Por el contrario, Gabriela Bravo, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, se opone rotundamente a la posibilidad de que se adopte la cadena perpetua. “No es compatible con los principios que impulsan el Estado de Derecho y democrático”, aseguró a El Confidencial. Bravo consideró que actualmente existen mecanismos penales suficientes, “pese al alarmismo y la crispación que ha levantado el caso De Juana”. Bravo recordó que De Juana está en la calle gracias a que fue juzgado con el Código Penal de 1973, pero que con las reformas de 1995 y 2003 las condiciones se han endurecido. Primero se suprimieron las redenciones por trabajo y, hace cinco años, se elevaron las penas máximas por terrorismo de 30 a 40 años. Además, cualquier beneficio se aplica al total de la pena (en el caso de De Juana eran 3.000 años) en lugar de al máximo permitido.

Para Bravo, la cadena perpetua generaría inseguridad jurídica, pero se mostró a favor de medidas correctoras para que los jueces dicten, junto a la pena de privación de libertad, la prohibición a los terroristas de acercarse o residir cerca de las víctimas. También reconoció la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad civil, como el pago de indemnizaciones por parte de los victimarios. En cuanto al hecho de que terroristas como De Juana abandonen la prisión sin arrepentirse de sus crímenes, Bravo matizó que no existe la panacea de la prevención, ni se puede pasar del Estado de Derecho al policial: “Si vuelven a cometer algún delito, deberán ser juzgados por ello”.

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