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 Joan Saura, ayer, con la ministra Elena Salgado (EFE).

Nueva crisis en el seno del tripartito catalán. La Generalitat dio ayer luz verde al anteproyecto de su polémica Ley de Educación (LEC) sin el apoyo de Iniciativa Per Catalunya. Las discrepancias entre los partidos que forman el ejecutivo catalán (PSC, ERC e ICV) no son nuevas, si bien es la primera vez que ICV se queda al margen de un proyecto promovido por el Gobierno de coalición que lidera José Montilla. Hasta ahora, los ecosocialistas solo se habían enfrentado al tripartito por proyectos de infraestructuras, nunca por leyes.

Así las cosas, el anteproyecto educativo llegará al parlamento catalán en septiembre sin haber logrado antes el consenso en el interior del tripartito. Los dos consejeros de ICV, Joan Saura y Francesc Baltasar, mostraron ayer su rechazo al texto por considerar que consagra una doble red educativa de centros públicos y concertados que no respeta el espíritu del Pacto Nacional de Educación suscrito en 2006 por la mayor parte de la comunidad educativa catalana. Dicho acuerdo garantizaba la gratuidad de la escuela concertada en un plazo de cinco años, a lo que ICV quería unir que estos centros tuvieran la misma responsabilidad que los públicos a la hora de escolarizar a todo tipo de alumnos.

El partido se ha reservado el derecho a presentar enmiendas en el trámite parlamentario de la ley en la cámara catalana, si bien, Joan Saura quiso cerrar ayer toda polémica al declarar que, sin embargo, el tripartito “goza de buena salud”. El conseller de Educación, Ernest Maragall, se mostró, por su parte, esperanzado con la posibilidad de que la nueva ley se pueda aplicar en el curso 2009-10 a pesar de la oposición de Iniciativa y de los principales sindicatos docentes. Se trata del primer proyecto educativo que aprueba en materia de educación el gobierno de Montilla lo que, en palabras del conseller, supone “uno de los primeros grandes desarrollos del Estatut”.

Polémica lingüística

Sin embargo, no son estas discrepancias los aspectos más polémicos del anteproyecto educativo, que blinda el modelo catalán de inmersión lingüística en las escuelas, la baza jugada por ERC para dar su beneplácito. En su artículo 44, redactado por el secretario general de la formación independentista, Joan Ridao, se elimina la posibilidad de impartir en español asignaturas no lingüísticas como Matemáticas o Ciencias Naturales e invalida el decreto aprobado en 2006 por el Gobierno central que obligaba a las autonomías con dos lenguas oficiales a impartir una tercera hora semanal de castellano en primaria. Con la nueva ley catalana, esta hora ya no será obligatoria y se dejará en manos de los centros educativos la decisión de impartirla o no, de forma optativa.

A pesar de esto, el texto permite también la escolarización en castellano en primero de primaria si las familias así lo creen oportuno, lo que también ocurrirá con el segundo ciclo de la educación infantil, que sigue sin ser obligatorio. Aunque la ley concreta que “no se admite la separación del alumnado en centros ni grupos clase por razón de su preferencia lingüística”, el texto añade posteriormente que “los padres, las madres o los tutores de los niños podrán solicitar que sus hijos e hijas reciban el primer curso de la escolarización básica o el segundo ciclo de educación infantil en castellano, cuando esta se su lengua habitual, durante el primer curso escolar en el cual se incorporen a las mencionadas enseñanzas”.

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