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En un nuevo ejercicio de voluntarismo al que tan acostumbrados nos tiene el Gobierno Zapatero, el Consejo de Ministros procedió el jueves a revisar a la baja el cuadro macroeconómico, fijando una tasa de crecimiento del PIB del 1,6% para 2008 y de apenas el 1% para 2009. Digamos enseguida que estas nuevas previsiones no se las cree nadie, porque están ya ampliamente desfasadas respecto a las estimaciones realizadas por el grueso de expertos y de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. Para desgracia nuestra, el horizonte es tan crudo que no existe probabilidad alguna de evitar una recesión en 2009 y será muy difícil, por no decir imposible, recuperar tasas de crecimiento económico apreciable en 2010. El Ejecutivo, mano sobre mano, no ha puesto en marcha ninguna iniciativa que permita salir de la crisis con vigor y rapidez, y la posibilidad de instalarnos durante mucho tiempo en una dinámica a la “portuguesa”, esto es, consolidar un escenario de estancamiento con bajo crecimiento, alta inflación y elevado desempleo, es algo más que una mera especulación.

Este escenario, más o menos sabido, ha venido a complicarse en los últimos con una amenaza aún más temible, referida a la posibilidad de que la ecuación “desplome inmobiliario, recesión, restricción de liquidez, tipos de interés al alza” termine por dañar a partes sustanciales del sistema financiero español, es decir, acabe poniendo a bancos y cajas al borde del precipicio. La distancia que media entre problemas de liquidez y problemas de solvencia es demasiado exigua. En un momento como el actual, definido por el alto endeudamiento de empresas y familias en un contexto de caída de la actividad, aumento del paro y contracción del crédito, la posibilidad de que los agentes económicos dejen de pagar sus deudas tendría consecuencias devastadoras para la estabilidad del sistema de pagos. Este es el dato nuevo y más preocupante de la actual coyuntura. En el Banco de España se han encendido todas las alarmas: no existe precedente de que una situación como la española no acabe desembocando en una crisis del sistema de bancos y cajas.

Sobre nuestro sistema financiero gravitan dos tipos de riesgos, un externo, y otro -u otros- interno. Respecto al primero, es obvio que la ecuación “contracción del crédito-restricción de liquidez” va a persistir durante tiempo indefinido, puesto que la crisis financiera está lejos de haber desaparecido tanto en Estados Unidos, como en Europa o Asia, por lo que economías como la española, con mayores necesidades de fondos y con mayor acumulación de desequilibrios, van a verse en muy serios aprietos para financiarse, lo que planteará tensiones importantes en sus sistemas bancarios.

Terremotos bancarios

En cuanto al segundo o segundos, es obligado recordar que casi todas las crisis inmobiliarias registradas en el último medio siglo han terminado desencadenando terremotos bancarios. El modelo español de “cajas-construcción” es muy similar al de banca-industria existente a finales de los setenta y primeros de los ochenta, cuyo colapso devino en un saneamiento y una reestructuración masiva de la estructura bancaria del país. Para nuestra desgracia, el Banco de España tenía entonces facultades para actuar como prestamista de última instancia y “suavizar” el proceso de ajuste, esto es, evitar el desplome del sistema de pagos de la economía, función que ahora corresponde al BCE, cuya tarea no es ocuparse de la estabilidad financiera de un país que supone el 10% del PIB de la UE. ¿Estamos abocados a un nuevo proceso masivo de adquisiciones y fusiones de y entre cajas y bancos?

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria en sus distintas variables (morosidad hipotecaria, impagos del crédito promotor, inversiones directas de cajas y bancos en el sector de la construcción etc.) tendría por sí mismo que ejercer un fuerte impacto negativo sobre el sistema financiero. Está claro que en una coyuntura recesiva, con tipos de interés al alza y en un escenario de restricción de liquidez, los deudores van a tener serias dificultades no sólo para devolver el principal, sino para pagar los intereses de sus préstamos. Aunque quieran, las entidades acreedoras no podrán refinanciar esos créditos dudosos o simplemente incobrables, con los mercados internacionales de crédito cerrados a cal y canto para una economía tan sospechosa ahora como la española, en la que nadie es capaz de saber con seguridad cual es el valor real de muchos de los activos. Distintas estimaciones calculan que, a lo largo de 2008 y en 2009, bancos y cajas deberán refinanciar cédulas e inversiones ruinosas por un importe cercano a los 150.000 millones de euros, mientras hay quien cifra entre 100.000 y 200.000 millones de euros los créditos de dudoso cobro a que se enfrente el sistema de cajas y bancos.

La “enfermedad” afecta por igual a unas y a otros, con la excepción quizá de Santander y BBVA, y conduce bien a aceptar un empeoramiento radical de los ratios de solvencia de las instituciones, bien a impulsar una estrategia acelerada de liquidación de activos a un precio aceptable para el mercado. La alternativa, es la quiebra de los deudores incapaces de hacer frente a sus obligaciones. Cualquier intento de frenar ese proceso de limpieza sólo conseguirá poner en peligro la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, y no servirá para salvar a la denominada economía real, necesitada de purgar los excesos cometidos en la etapa alcista del ciclo. El corolario es el redimensionamiento o, peor aún, la desaparición de muchas compañías que edificaron su expansión sobre la base de un apalancamiento salvaje, en un contexto económico-financiero que no se repetirá en muchos años. Una terapia de saneamiento tan inevitable como dolorosa si queremos, un día todavía lejano, empezar a ver la luz al final de un túnel que hoy se presenta cargado de sufrimiento.

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