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Los que vivimos la aventura de la transición podemos ser víctimas de un error bastante grave. Amábamos la libertad porque habíamos vivido en un régimen que negaba de manera habitual el ejercicio de derechos elementales como el de reunión, el de opinión o el de huelga. Nos parecía que luchar por la libertad merecía la pena, y llegamos a sentir que habíamos ganado la batalla. Pero esa conquista se ha mostrado mucho más débil de lo que imaginábamos. La libertad ya no goza del mismo aprecio, porque nos suena a cosa ya conquistada (como tampoco, y de momento, nadie lucha por el pan), y porque los enemigos de la libertad, bastantes, poderosos y bien organizados, se han encargado de que las cosas vuelvan a su cauce.

Vayamos por partes. No me parece que requiera especial comentario la afirmación de que los españoles no somos realmente iguales ante la ley, es decir que no somos libres para exigir el apoyo de la justicia independiente. Bastaría la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el caso del juez Gómez de Liaño: el alto Tribunal reconoce que no tuvo un juicio independiente ni imparcial cuando una Sala del Supremo lo condenó en 1999 por prevaricación en su tramitación del caso Sogecable. Pero en fin, con ser muy significativa, se trata de una mera gota en el océano de la politización de la Justicia. Nos hemos acostumbrado, como quien no quiere la cosa, a que se nos hable de jueces conservadores o de jueces progresistas y a que eso signifique que se supone que van a hacer, en cada caso, lo que convenga a sus convicciones o intereses, y no lo que requeriría un juicio justo.

Parece también evidente que escasea el respeto a la libertad de conciencia. El Gobierno se ha permitido el lujo de inventar una asignatura obligatoria en la que se establecen, como si de una ciencia se tratara, una serie de principios morales que podrán parecernos bien o mal, pero que resulta inaudito que se pretendan imponer a las conciencias infantiles y juveniles con la misma autoridad con la que se enseña la geografía local o la lengua propia. Y a los que protestan haciendo uso de su libertad de conciencia se les amenaza con la ley, una ley que defiende la misma “verdad objetiva” en que se fundaba la ley de prensa del señor Fraga, el líder progresista de la derecha renovada. No hablemos de la libertad de enseñanza, reducida por todas partes a una caricatura. Se nos dice que los niños son educados en el respeto a la diversidad, lo que en realidad quiere decir que quien destaque será castigado por insolidario con las incomprensiones del grupo.

La libertad de comercio, la libertad de horarios, la libertad de empresa o la libertad de trabajar o circular se nos presentan, dependiendo de quien sea el colectivo o sindicato que se pone en huelga, como máscaras de una agresión deliberada a la solidaridad y al buen entendimiento de los hombres y las tierras de España. Lo que en realidad sucede es que muchos españoles no conceden ningún valor a los discursos liberales, porque no ven cuál es el valor de algo que ya tienen, o creen que tienen, y sí dan importancia a conseguir aquello que no tienen: lo que desean ser y tener. En consecuencia, el deseo ocupa el lugar que debería corresponder a la libertad como valor político dominante.

En este contexto, deseo significa disfrute y no hay mejor disfrute que el que se obtiene del regalo, de lo que no supone esfuerzo. Eso le parece a la mayoría que nada tiene que ver con la libertad y sí con el poder político, una especie de dios mortal al que hay que sacarle cuanto se pueda no mediante la plegaria o el argumento sino mediante la presión. En esta mentalidad, los poderes públicos no son sistemas que nos quitan dinero, sino nuevos ricos a los que podemos chantajear políticamente para que nos den lo que deseamos. El Estado se convierte en el gran proveedor, razón por la cual ZP ha decidido que iba a reconocer nuevos derechos y acabó por prometer los 400 euros.

Con este panorama, el porvenir electoral del PP es esencialmente oscuro, porque el mensaje de Zapatero según el cual la derecha se quiere aprovechar de una “sensación de crisis” para recortar derechos sociales, puede funcionar muy bien frente a una propuesta poco vigorosa que tiende a desdibujarse, a pedir disculpas y a decir que no es tan distinta del PSOE ni de los nacionalistas, en lugar de dedicarse a promover formas distintas de ver las cosas, a poner en píe una auténtica alternativa.

Buena parte de la sociedad española tiene miedo a la libertad, porque cree que la libertad es el libertinaje y no espera nada de los malvados que se dedican a competir y a tratar de ser más poderosos y eficientes. El Estado es el gran protector de ese miedo colectivo y los mejores gestores de ese Estado son quienes creen que hacen falta más funcionarios ocupados en regular la competencia salvaje: como Corbacho, que se propone combatir el paro contratando más gente para el INEM.

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