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Agentes de la Guardia Civil han registrado este martes las oficinas de la constructora vasca Construcciones Amenábar, en Zarautz, por presuntos pagos a ETA, según la agencia Vascopress, que cita fuentes de la lucha antiterrorista. Hasta el momento ha trascendido que la empresa habría pagado a la banda 200.000 euros, tras recibir una petición inicial de 600.000. En esta ocasión, a diferencia de casos anteriores, el propietario de la constructora, Luis Amenabar, no ha sido detenido, aunque no se descarta que se le cite para prestar declaración en dependencias de la Guardia Civil o en la propia Audiencia Nacional. Este diario se ha puesto en contacto con empleados de la constructora, que no han querido hacer declaraciones.

Se da la circunstancia de que Construcciones Amenabar ha sufrido este año dos atentados de ETA por intervenir en las obras de la línea del tren de alta velocidad en el País Vasco. El primero se registró el 12 de mayo pasado, cuando la banda terrorista colocó dos bombas contra sendas excavadoras de la compañía en Hernani, que quedaron inutilizadas. Dos semanas después, el pasado 1 de junio, ETA hizo explotar una mochila cargada con entre tres y cinco kilos de explosivo en la sede de la constructora Amenabar en Zarautz, que causó lesiones leves a dos ertzainas y un vecino.

El origen de la investigación policial

La investigación policial tiene su origen en la documentación intervenida al dirigente de ETA Francisco Javier López Peña, 'Zulos', detenido en Burdeos el pasado 21 de mayo. La documentación intervenida a la dirección de ETA en Burdeos ha provocado la investigación de la Guardia Civil sobre tres empresas y el encarcelamiento durante unas semanas de dos directivas de una de ella, acusadas de pagar voluntariamente a ETA.

La primera intervención del Instituto Armado tuvo se centró en las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, encarceladas el 12 de junio acusadas de haber pagado voluntariamente a ETA seis mil euros. El juez Garzón, que ordenó su encarcelamiento, acordó posteriormente su puesta en libertad bajo fianza de 20.000 euros, que se hizo efectiva el 7 de julio. Ambas hermanas están relacionadas con la empresa Bruño e Hijos. El padre de ambas aseguró que el pago a ETA no fue voluntario, ya que venía recibiendo amenazadas desde hace más de veinte años.

Además, la Guardia Civil detuvo para tomar declaración al consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, e interrogó también al ex presidente de la misma empresa Sabino Arrieta, a raíz de los documentos de ETA que mencionaban el pago de 60.000 euros de esta compañía. Otro empresario que pasó por las dependencias policiales fue Jesús Guibert, que fue secuestrado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1983. En este caso, los papeles intervenidos a ETA mencionaban el pago de 90.000 euros en varios años.

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