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El plan para incentivar el regreso a sus países de extranjeros sin trabajo, anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, ha fracasado estrepitosamente antes incluso de ver la luz. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró el pasado viernes que el objetivo del plan, cuya puesta en marcha se retrasa hasta septiembre, es "favorecer el desarrollo de los países de origen mediante el retorno de personas cualificadas". Pero el verdadero propósito del Gobierno es bastante menos altruista: maquillar las cifras del paro, recortar la factura de las prestaciones por desempleo y reducir el impacto de la inmigración en el gasto social. Sin embargo, el Ejecutivo se ha dado de bruces con la realidad: una aplastante mayoría de inmigrantes prefiere cobrar el paro en España y aguardar a que la crisis económica escampe antes que regresar a un futuro más que incierto en sus países de procedencia.

El plan fue dado a conocer por De la Vega al término de la última reunión del Consejo de Ministros. Podrán acogerse a él los inmigrantes extracomunitarios en situación legal que hayan perdido su puesto de trabajo y que, a cambio de renunciar a su permiso de residencia y comprometerse a no regresar a España antes de tres años, percibirán en dos únicos pagos adelantados –el 40% ahora y el 60% restante ya en sus países– la prestación por desempleo que les corresponda.

Pero el error de cálculo cometido por el Gobierno ha sido mayúsculo, dejando al descubierto una falta de previsión sin precedentes. Hasta el punto de que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, llegó a anunciar hace poco más de un mes que, según sus estimaciones, en torno a un millón de inmigrantes extracomunitarios estarían dispuestos a volver a sus países de origen. Corbacho incluyó en esa cifra desorbitada –actualmente hay 2,1 millones de extranjeros no comunitarios afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral– a los familiares que dependen económicamente de los potenciales beneficiarios del plan de retorno, que supuestamente acompañarían al cabeza de familia en su viaje de regreso a casa.

Las cuentas, sin embargo, no cuadran. Porque, según el último balance estadístico ofrecido por el propio Ministerio de Trabajo, el pasado mes de junio había en España casi 185.000 inmigrantes no comunitarios sin trabajo, de los que unos 120.000 proceden de los 19 países con los que España ha firmado convenios en materia de Seguridad Social, que son los únicos que pueden acogerse al plan de retorno. Esos 120.000 inmigrantes en paro son, en teoría, los únicos potenciales beneficiarios del plan. Pero ni siquiera en el absurdo supuesto de que todos ellos, sin excepción, decidiesen abandonar España, se alcanzaría la cifra astronómica adelantada por Corbacho.

De ahí que De la Vega tuviese que interpretar el pasado viernes, una vez más, su recurrente papel de apagafuegos del Gobierno. Y que tratase de recomponer, sin excesiva fortuna, los platos que Rodríguez Zapatero y Corbacho ya habían roto. El primero, durante su discurso de investidura en el Congreso, el pasado 8 de abril, se comprometió a incentivar el retorno voluntario de los inmigrantes desempleados, bien pagándoles el subsidio de paro de una sola vez o mediante la concesión de microcréditos en condiciones ventajosas, un anuncio que pilló por sorpresa al propio Ministerio de Trabajo, a los sindicatos y a las asociaciones de inmigrantes, que no fueron consultadas previamente.

Más tarde, Corbacho aumentó la confusión al asegurar en el Congreso, el 26 de mayo, que en julio estaría listo el plan de retorno, completando el desaguisado al anunciar, ya en junio, que un millón de inmigrantes se beneficiarían del mismo. Por eso, De la Vega tuvo que dar la cara el viernes y reconocer que el plan se aparcará hasta septiembre, que no habrá microcréditos y que la cifra de inmigrantes desempleados que podrán acogerse a las ayudas de retorno será de unos 100.000, aunque se apresuró a matizar que "eso no significa que todos ellos vayan a solicitarlas".

Una decisión precipitada

Fuentes gubernamentales admiten en privado que Zapatero se precipitó al anunciar las ayudas, puesto que ni siquiera se elaboró un estudio previo sobre el volumen de inmigrantes dispuesto a acogerse a la oferta, y que las cifras más optimistas que maneja ahora el Ejecutivo apuntan a que ni siquiera el 10% de los inmigrantes en paro se inscribirán, finalmente, en el plan de retorno.

Una buena prueba de esa precipitación es que el balance del único programa que ya existe en España para la repatriación de inmigrantes no invitaba, precisamente, al optimismo. En el periodo comprendido entre 2003 y 2004 tan sólo se acogieron a ese plan de retorno voluntario –que gestiona la Organización Mundial para las Migraciones– un total de 2.054 personas, que recibieron el pasaje de avión para regresar a sus países y una pequeña ayuda económica para costearse los primeros gastos.

Pero el plan que pretende impulsar ahora el Gobierno ni siquiera incluye los gastos de viaje, que supondrían un bocado considerable a la prestación por desempleo, sobre todo si el beneficiario regresa a su país de procedencia en compañía de todos los miembros de su familia. Por si fuera poco, los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística el pasado mes de mayo ofrecen pistas muy claras de que el retorno no entra, por ahora, en los planes de los inmigrantes: más del 80% asegura que tiene intención de traer a su familia a España, y tan sólo un 7,7% afirma que no contempla esa alternativa.

Además, todas las asociaciones de inmigrantes cuestionan abiertamente el plan de retorno voluntario del Gobierno, porque, a su juicio, los únicos potencialmente interesados en recibir esa compensación económica serían los inmigrantes que llevan al menos cinco o seis años en España y han cotizado el tiempo suficiente, pero que, al haber adquirido compromisos para el pago de una hipoteca o la compra de un coche, tienen ahora mucho más difícil deshacerse de esas cargas.

"En el caso de los peruanos, yo creo que no hay un deseo de volver al país a establecerse definitivamente, sino sólo a regresar para visitar a sus familias; de hecho, yo no conozco ningún caso", asegura Manuel Pinto, presidente de la Federación de Peruanos. "Nosotros creemos que la solución no es pedir el retorno de los inmigrantes, sino crear fuentes alternativas de trabajo, porque hay diferentes sectores en los que los inmigrantes aún pueden aportar", sostiene Patricio Rodríguez, de la Unión de Empresarios Hispano-Ecuatorianos.

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