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En toda esta turbia historia de la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa hay cosas que son como de chiste si no fuera porque afectan a cientos de personas que van a ver como se esfuman su trabajo y sus ingresos –y no sólo empleados de la compañía, sino muchas pymes dependientes de la misma que se han quedado sin negocio y sin cobrar-, pero que ponen de manifiesto que el nuestro sigue siendo, por desgracia, un país con una calidad democrática que deja mucho que desear. Supongo que en cualquier país serio si el máximo ejecutivo de una compañía importante afirma que el presidente del Gobierno le prometió un crédito de un instituto oficial por la cara para evitar una crisis de la empresa antes de unas elecciones, y que luego ese mismo crédito le fue negado porque el citado instituto no lo vio claro, lo mínimo que se espera es que algún ámbito judicial abriera una investigación. Pero aquí no pasa nada: esto es una república bananera en la que la clase empresarial le baila el agua al Gobierno e incluso el Monarca participa de esta preocupante relación de intimidad entre algunos empresarios y el poder.

No quiero decir con esto que los empresarios no deban tener una relación fluida con el Gobierno... Es lógico que sea así porque, entre otras cosas, el Gobierno toma muchas decisiones que afectan a su negocio y los empresarios buscan siempre las mejores condiciones para llevarlo a cabo, lo cual redunda en beneficio de la sociedad. Pero una cosa es pretender del Gobierno un marco de relaciones económicas-laborales-jurídicas propicio y otra bien distinta es obtener tratos de favor a cambio de prestar ciertos servicios. Es verdad, me dirán, que el ICO no le concedió el préstamo a Martinsa, pero supongo que cuando Rodríguez le prometió a Fernando Martín ayuda no contó con las pocas ganas del presidente de este organismo de cruzar esposado los juzgados de Plaza de Castilla... ¿Cómo iba a explicar el ICO la concesión de un préstamo sin garantías a una empresa en crisis? Eso tiene nombre y apellidos en términos judiciales. Lo que están haciendo Rodríguez y Sebastián es jugar al Monopoly con el dinero de todos, con los presupuestos públicos que salen de los bolsillos de los ciudadanos de este país.

Ciudadanos que no llegan a fin de mes, que cada vez tienen más difícil pagar sus hipotecas y que, en muchos casos, tienen negocios que amenazan el cierre sin que el ICO acuda a salvarlos. ¿Por qué unos pocos sí y los demás no? ¿Quizás porque haciendo caso de las recomendaciones de David Taguas, Fernando Martín creo el G-14 que propuso al propio Taguas como presidente de Seopán? Lo de este Gobierno con determinados empresarios sobrepasa el entendimiento y roza el contubernio. Pero, sobre todo, es una muestra del talante intervencionista y leninista de Rodríguez y su equipo, principalmente ese ministro que se presenta como paladín del liberalismo pero que exuda bolchevismo por todos los poros de su cuerpo y que se llama Miguel Sebastián. Sí, el mismo que ha propuesto solucionar la crisis del ladrillo nacionalizando el suelo que ahora está en manos privadas. Marx le pondría un monumento y Lenin le convertiría en ejemplo de la revolución.

Pero lo peor no es que estos tíos sean una pandilla de intervencionistas sin escrúpulos a los que el dinero público les importa tres carajos. Lo peor es que hay una clase empresarial que consiente. Los Martín, los Rivero, los Pérez... se han convertido en la nueva clase servil de Rodríguez, y han permitido –esto es sin duda lo más grave-, que el poder político concentre en sus manos un poder económico inigualable. ¿Cómo? Fácil. Siguiendo las indicaciones de Sebastián y su equipo, las constructoras amigas se han hecho con parte del pastel energético, un sector estratégico que depende, hoy por hoy, del Boletín Oficial del Estado. Y en la medida que las constructoras tienen buena parte de sus activos empeñados en ese sector, su dependencia del BOE es igual de manifiesta. Dos por el precio de uno, y el Gobierno frotándose las manos.

Fíjense hasta que punto la correspondencia de favores es tal, que la subida de tarifas eléctricas tiene mucho que ver con los requerimientos de financiación de alguna gran constructora en dificultades. El Gobierno lo disfraza de necesidad para hacer frente al déficit de tarifa, pero ya les digo yo que eso es una mamonada que se ha inventado el Ejecutivo para ocultar su última sinvergonzonería, que no es otra que evitar que las eléctricas asuman la parte que les corresponde del coste de la crisis –y aliviar la falta de liquidez de las constructoras, en su mayor parte accionistas de las primeras-, trasladando la totalidad de ese coste a los ciudadanos.

Una vergüenza, dicho sea con todas las letras. Una vergüenza de clase empresarial sin los arrestos necesarios para hacer frente a un Gobierno dirigista e intervencionista. Una vergüenza que en este país no haya un poder judicial independiente que tome cartas en el asunto ante delitos flagrantes de prevaricación y cohecho. Una vergüenza que este país lo gobierne un presidente irresponsable que obedece a una visión cortoplazista e interesada de la realidad que más le conviene. Una vergüenza de medios de comunicación que se achantan ante el poder y que participan del engaño elevando a los altares a personajes de la escasa catadura moral de Miguel Sebastián. Una vergüenza que treinta años después esta democracia siga siendo el cortijo de unos pocos ricos que le bailan el agua a la izquierda... Pero, en fin, sigan votando a esta pandilla de desvergonzados, que ya verán ustedes donde acaba todo esto...

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