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 Henríquez de Luna (Efe).

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, indicó este miércoles que la imputación contra el concejal del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, por el juez Santiago Torres por una supuesta irregularidad en una concesión de licencias "no tiene ninguna relación con el 'caso Guateque'", y manifestó que confía "plenamente" en el edil impulsor de la campaña de primarias en el último congreso nacional del PP.

Tras la presentación de un concurso para construir un centro deportivo adaptado a minusválidos, Gallardón recordó que la comparecencia de Henríquez para declarar como imputado el próximo mes de septiembre "no tiene ninguna relación con el caso Guateque", y llegó a insistir hasta en cinco ocasiones en que "lo lleva el mismo juez porque el reparto ha caído en el mismo juzgado", y no porque sea parte de la trama de corrupción descubierta el pasado mes de noviembre.

"Hay dos resoluciones judiciales anteriores que dicen que este asunto no guarda ninguna relación con el 'caso Guateque'. Lo que ocurre es que, como todas las denuncias que se formulan contra cualquier cargo público, está sujeta a reparto, y casualmente ha correspondido al mismo juzgado, como podía haber correspondido a cualquier otro", insistió el regidor capitalino.

Además, recordó que la denuncia presentada por María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano de Goyeneche y Silvela sobre una serie de irregularidades cometidas, según ellos, por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en varias viviendas del edificio del número 18 de la calle Juan Bravo donde residen, se refiere a una licencia "otorgada en 1999", antes de la llegada de Henríquez, y "por la Gerencia de Urbanismo", es decir, no por la Junta que dirige el imputado.

También apuntó que "el hecho de que el concejal haya sido llamado a declarar como imputado es una garantía de derecho, porque puede ir con un procurador y un abogado, y no significa ningún prejuicio de culpabilidad hacia él". "Antes al contrario, (Henríquez) ya fue acusado en su día y (la causa) fue archivada, y estoy convencido de que, cuando en septiembre el juez tenga ocasión de escucharle y ver todos los antecedentes, tendrá la misma solución final de archivo", añadió.

"Plena confianza"

"Tengo plena y absoluta confianza en Íñigo Henríquez de Luna, es una persona a la que conozco desde hace muchísimos años, sé de su vocación de servicio, de su buen hacer y estoy absolutamente convencido de que su actuación ha sido ajustada en todo caso no sólo a derecho sino al interés general de los ciudadanos", continuó el alcalde.

Por ello, el primer edil se manifestó "convencido" de que cuando se produzca la declaración de Henríquez el 29 de septiembre próximo esta denuncia "tendrá el mismo resultado que tuvieron las anteriores querellas que los mismos denunciantes interpusieron en su momento y que fueron igualmente archivadas", como él espera que también ocurra con ésta.

Henríquez cree que se trata de una "venganza"

El propio Henríquez apuntó ayer en una rueda de prensa que la imputación del 'caso Becara' responde a una venganza de la familia denunciante, y anunció que interpondrá un recurso de reforma para justificar que la acusación es "errónea" porque la Junta Municipal "no intervino en la concesión de esa licencia". En declaraciones a El Confidencial, Henríquez de Luna ha señalado que "la denuncia de los Goyeneche es una querella malintencionada y falsa y está motivada por una acción de la Junta Municipal contra una oficina ilegal".

Los denunciantes apuntan en su reclamación a un posible "trato de favor o cualquier otra circunstancia" hacia los propietarios de la tienda de decoración Becara, situada en los bajos de sus viviendas, cuya titularidad corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, S.L. Por ello reclaman la investigación de todos los expedientes de licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento a la mercantil "así como si sobre los mismos ha podido existir trato de favor, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias" en la concesión de licencias.

El origen de la "venganza" reside, según el edil, en el precinto de la oficina en la segunda planta de Juan Bravo, 18, propiedad de la familia denunciante, una clausura debida a que incumplía la normativa urbanística.

Henríquez de Luna ha señalado a este diario que la misma denuncia ya quedó archivada por el juzgado número 49 y que, a día de hoy, ni siquiera ha recibido la notificación del juzgado de que debe comparecer como imputado. El edil popular se enteró de ello por los medios de comunicación y, pro ello, ha anunciado que exigirá una reparación "inmediata" del daño causado, así como comparecer "inmediatamente" ante el juez, y no esperar hasta 29 de septiembre, para demostrar así su inocencia.

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