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En pleno choque de trenes -o de locomotoras, como diría Urkullu-, Madrid y Vitoria solo están de acuerdo en una cosa: dejar sin vacaciones a los magistrados del Tribunal Constitucional. Plena coincidencia en una fecha, el 15 de septiembre (puesta en marcha del proceso previo a la consulta del 25 de octubre), como tope para saber si será niño o niña. Zapatero e Ibarretxe tienen la misma prisa e idénticas razones electorales, aun jugando en equipos distintos, claro, para que los magistrados resuelvan antes de esa fecha sobre el recurso del Gobierno de la Nación contra la llamada "ley de consulta" publicada ayer en el boletín oficial del País Vasco.

La diferencia se marcó en el modo de escenificar la prisa. El lehendakari Ibarretxe, en rueda de prensa, rodeado de los miembros de su equipo, con aires conminatorios, se permitió poner al Alto Tribunal ese plazo límite en el levantamiento de la suspensión provisional de la ley o la emisión del fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la ley. El Gobierno, por su parte, ha dicho lo mismo pero en el lenguaje de los juristas y a través del propio recurso presentado ayer por el abogado del Estado.

Se lee en la página 30 del recurso: "Por las características de la consulta objeto de la Ley impugnada, el Abogado del Estado considera de la máxima conveniencia para la causa pública que la sentencia que resuelva este asunto se dicte antes del 15 de septiembre de 2008. Si el presente recurso se desestima, una sentencia anterior a esa fecha dará seguridad jurídica definitiva a todos cuantos han de participar en la consulta (autoridades, partidos, electores). Y si, por el contrario, el recurso es estimado, la motivación y la autoridad propias de la sentencia -superior a la de las resoluciones suspensivas- dejará claro para todos lo inconstitucional del camino referendario emprendido por el Parlamento, Gobierno y Lehendakari de la Comunidad Autónoma, antes de que se cumpla la primera fecha del calendario previsto en la ley impugnada".

Por tanto, Ibarretxe suscribe sin duda la consiguiente súplica de la Abogacía del Estado para que los magistrados acuerden habilitar todos los días del mes de agosto -inhábil, por vacaciones-, excepto sábados y domingos, a fin de que el fallo no se demore y el Alto Tribunal no agote los plazos legales (cinco meses para ratificar o revocar la suspensión de la ley impugnada) por razones de "máxima conveniencia para la causa pública".

La prisa de Ibarretxe es de oficio. Si no hay fallo antes del 15 de septiembre, no hay consulta por el efecto suspensivo que pesa sobre la ley desde ayer. Pero esa es la formalidad. Como en su fuero interno sabe que su ley va a ser declarada inconstitucional y, por tanto, nula, quiere la sentencia cuanto antes para alargar y reforzar su discurso victimista, dentro y fuera de España, en los meses previos a las elecciones vascas.

La prisa de Zapatero también es de naturaleza electoral. Le conviene que el delirio soberanista de Ibarretxe se diluya sin aspavientos en la normal aplicación de las leyes. Cuanto antes, para ir a las urnas también cuanto antes. Esta vez con la muy fundada esperanza de convertir en lehendakari a Patxi López ¿Para gobernar con el único soporte parlamentario de los socialistas? Es la pregunta del millón que, junto al septiembre negro que se avecina en el ámbito de la economía, refleja el otro gran asunto de fondo de la política nacional tras el salto de Basagoiti al liderazgo del PP vasco, la quiebra del 'tripartito' y el muy previsible batacazo del ala soberanista del PNV.

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