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Hoy, por fin, se publica en el boletín oficial del País Vasco la llamada Ley de Consulta aprobada por el Parlamento de Vitoria el pasado 27 de junio. Faltaba este requisito para formalizar su impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, al amparo del artículo 161 de la Constitución Española. Hay tres meses de plazo, pero Moncloa tiene prisa. Por tanto, lo hará de forma inminente. De hecho, la Abogacía del Estado lo tiene listo desde hace dos semanas.

La presentación del recurso tiene efectos suspensivos de cinco meses. En ese tiempo deben decidir los magistrados si la suspensión se mantiene o se revoca, pero antes de que transcurra ese plazo también habrán decidido si la convocatoria del Gobierno vasco (25 de octubre) encaja o no encaja en la legalidad. Cinco meses como máximo, se entiende. Apuesten y acertarán, el fallo del Tribunal Constitucional estará listo en cosa de días. Como mucho, de semanas, dos o tres. Es el deseo del Gobierno y así se lo hará saber a los magistrados, aunque sea a través de los medios de comunicación por no dar que hablar sobre la impregnación política del caso.

El caso transpira política por los cuatro costados, pues claro. Dicho sea mirando hacia los expertos que, como López Tena, vocal del Consejo General del Poder Judicial, sostienen que la autorización de la consulta por parte del Gobierno es un problema de voluntad política. Pero sería aberrante sugerir la aplicación del ordenamiento jurídico a favor de la política. No es el caso.

Se trata de reconocer en la iniciativa de Ibarretxe, y en la reacción "legal" del Gobierno de la Nación, un trasfondo político innegable. Nada menos que el descarado y cansino intento de fletar en el País Vasco un marco político-jurídico alternativo a la Constitución, si así lo decidieran los ciudadanos residentes en esta parte del territorio nacional. Semejante violación del derecho a decidir de todos los españoles sobre el futuro de unos cuantos, convertido por Ibarretxe en derecho a decidir de unos cuantos sobre un consenso previo forjado por el conjunto, ya ha sido denunciada por el Consejo de Estado.

Es el fondo -o el trasfondo- político de la cuestión. Ahí puede entrar también el Tribunal Constitucional, aunque no es necesario. Le bastaría quedarse en las formalidades. Si, como es previsible, considera que la consulta convocada por Ibarretxte es en realidad un referéndum, tiene que declararlo ilegal. Simplemente, por falta de autorización previa. No tanto porque la convocatoria de referéndum es competencia exclusiva del Estado (artículo 149 de la Constitución), que también, sino porque, en cualquier caso, cada convocatoria concreta de referéndum necesita la autorización del Gobierno.

De todos modos, insisto, el tema traspira política por arriba, por abajo y por los lados. Estamos al comienzo de la campaña de hecho para las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco. No descarten ustedes su adelanto para la misma fecha de su anunciada "consulta", el 25 de octubre, con urnas paralelas -urnas o cajas de zapatos-, al margen de la administración electoral. Hasta entonces, Ibarretxe y el PNV trataran de rentabilizar, una vez más, su secular victimismo ante una democracia "enferma" y un Estado insensible al "derecho a decidir" de los vascos. Si entramos al trapo les hacemos la campaña. Espero que esta vez ni el PSOE ni el PP cometan el mismo error que cometieron -cometimos- en las elecciones vascas de 2001.

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