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El doctor Luis Montes, ex jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), lanzó en Santander un manifiesto con el que se inicia una campaña para promover la despenalización en el Código Penal del suicidio asistido y la eutanasia. El denominado 'Manifiesto Santander' ha surgido del seminario 'Muerte digna, asistencia ante la muerte', dirigido por el doctor Montes y patrocinado por el Ayuntamiento de Leganés y el Servicio Cántabro de Salud (SCS), entre otros, dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En el manifiesto, que se enviará a los medios de comunicación, escritores y artistas para promover un debate social, se señala que "todo ciudadano tiene derecho al alivio de sufrimiento al final de su vida" y a "elegir entre las opciones disponibles". En declaraciones a los periodistas, Montes explicó que el 'Manifiesto Santander' defiende el derecho a una "muerte digna" y que es "responsabilidad" de los políticos "conocer cómo mueren los ciudadanos, garantizar el libre ejercicio de estos derechos y promover un debate sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido".

El manifiesto, compuesto por nueve puntos, considera que "ha llegado el momento" de debatir sobre estos asuntos, y entiende "absolutamente necesario" que se "desmitifique" la muerte, por lo que pide que se cree una Comisión en el Congreso de los Diputados que "definitivamente" estudie estos temas. Se aboga por el "derecho a la autodeterminación, libertad y dignidad" del ser humano, que le permite "disponer de su vida" y, por tanto, "afrontar la muerte a la luz de su decisión personal, por lo que ve "recomendable" que se registre esa expresión en un documento de instrucciones previas o testimonio vital con el que "se evitarían conflictos que no contribuyen a mantener una calidad de vida y de muerte".

Manifiesto

La declaración matiza que el "suicidio asistido" y la eutanasia van "más allá" de los cuidados paliativos, que, "aun cuando estuvieran bien implantados en la sanidad pública estatal, no resuelven todos los problemas relacionados con el dolor y el sufrimiento". Por tanto, considera que la Constitución y la legislación, además de "seguir garantizando" el derecho a la vida, "también deberían garantizar" el derecho a una "muerte digna". De esta forma, se tacha de "insuficiente" para garantizar este derecho el artículo 143.4 del Código Penal. "Habría que encaminarse claramente hacia la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia", asevera.

Además, añade que los profesionales sanitarios que "acepten" las prácticas eutanásicas o de ayuda médica al suicido deben realizarlas "bajo determinados criterios" y estar "legalmente protegidos", por lo que se reclama "una buena regulación y una buena praxis" con la que se evitarían, además, "prácticas clandestinas" y "caer por la pendiente resbaladiza". Asimismo, se rechaza por "insultantes" los calificativos de "nazismo" u "homicidio eutanásico" para estas prácticas, y aclara que estas "no se imponen a la totalidad de los ciudadanos", sino que pertenecen al "ámbito de la libertad de elección personal" de quienes quieran disfrutar de este derecho.

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