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“He sido una víctima”, explica Héctor Fernández Ortiz, el primer turista español al que se le impide la entrada en Venezuela. Sus vacaciones en el país sudamericano duraron exactamente una hora y media, el mismo tiempo que tardó el personal de inmigración en reubicarle en un vuelo de regreso a España. Un acto que el propio afectado califica de “clara represalia”. “En cuanto presenté el pasaporte en el mostrador de inmigración y vieron que era español, me pidieron una carta de recomendación, sin la cual tendría que regresar en el siguiente vuelo”, asegura a El Confidencial.

Dicho y hecho. El personal de inmigración entregó su pasaporte a un auxiliar de vuelo de Air Europa, junto con un papel que no pudo leer en ningún momento. Una vez en Madrid, pudo comprobar las razones de su expulsión plasmadas en dicho documento, que resultó ser una carta de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería: “No tiene pasaje de retorno ni reserva de hotel”. No era cierto. El viajero reunía ambos requisitos.

El caso de Héctor Fernández se viene a sumar a las denuncias de españoles residentes en Venezuela que han visto confiscadas sus propiedades y tierras por parte de presuntos grupos chavistas. Todo ello, tras las continuas amenazas que ha venido lanzando Hugo Chávez desde que la Unión Europea aprobó en junio la llamada ‘directiva de retorno de inmigrantes ilegales’, que afectará a millones de personas.

Desde su aprobación, las condenas por parte de los gobiernos latinoamericanos se han sucedido. Sudamérica aprovechó la reciente Cumbre del Mercosur para suscribir una declaración conjunta en la que manifestó su “rechazo” formal y reivindicó el aporte económico de sus migrantes a Europa. Sin embargo, en plena tormenta de críticas, el presidente Chávez fue un paso más allá.

El líder venezolano pidió a los mandatarios de América Latina una respuesta conjunta y contundente contra la “barbarie” de la Unión. “Hay que conciliar posibles respuestas y llamar a la reflexión a los gobiernos de Europa”, advirtió, antes de asegurar que su Gobierno ya ha adelantado la posibilidad de aplicar una “ley de retorno” a las inversiones europeas presentes en Venezuela. “Hay bancos europeos y empresas petroleras que pudieran irse, porque estamos dispuestos a que se nos respete. La cosa va en serio”, dijo.

Era un farol. Actualmente, un buen número de empresas estadounidenses y europeas ya están abandonando el país por el aumento de impuestos y los procesos de nacionalización emprendidos por su Gobierno en algunos sectores, como el siderúrgico y el petrolero. La única represalia que podría tomar Chávez sería un aumento de las tasas por inversión. No obstante, las experiencias relatadas por los españoles residentes en aquel país demuestra que los ánimos están caldeados.

“Tiene que dar las gracias porque por lo menos aquí no le iban a tratar mal”, le espetó una funcionaria de inmigración a Héctor Fernández antes de su regreso forzoso. Sus palabras tenían una intención clara. Se refería a los diez venezolanos que vinieron recientemente de vacaciones a España y a los que se les negó la entrada en el país. Tres de ellos coincidieron con Fernández en el aeropuerto de Venezuela y, según contaron, estuvieron retenidos durante dos días en Barajas. Ante las quejas del afectado a la embajada venezolana en España la respuesta fue clarividente: “Son cosas que pasan. En ocasiones, a los venezolanos también les tratan mal”.

El endurecimiento de la política migratoria europea es un asunto especialmente sensible para América Latina ya que gran parte de los inmigrantes irregulares que residen en la UE proceden de Sudamérica. La nueva directiva de retorno, que entrará en vigor en 2010 y afectaría a millones de ellos, prevé que los inmigrantes en situación irregular, incluido los menores, puedan ser retenidos en centros hasta 18 meses mientras se tramita su expulsión de Europa, a donde no podrán regresar en cinco años.

Asimismo, este lunes los ministros de Interior de la UE aceptaron una propuesta francesa para sellar un pacto europeo que propugna un modelo de inmigración selectiva, totalmente controlada y con una firmeza absoluta con los indocumentados. También impide las regularizaciones generales, además de condicionar la admisión de inmigrantes a las necesidades del mercado laboral y a la capacidad del país para ofrecerles servicios básicos.

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