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Amnistía Internacional ha denunciado este jueves la "autocomplacencia" del Gobierno en la lucha contra la violencia de género, la falta de recursos empleados para combatir esta lacra y, sobre todo, que tres años después de la aprobación de la ley Integral no haya ningún informe que evalúe su efectividad.

Tres años después de la entrada en vigor de la ley integral contra la violencia de género, el treinta por ciento de las 71 mujeres asesinadas en 2007 había denunciado a su agresor y sólo el 4,6 por ciento de las que había solicitado una orden de protección la consiguió. Según la organización, estos datos explican por sí solos el mal funcionamiento de un sistema en el que falla prácticamente todo pero que, sin embargo, desde su puesta en marcha no ha sido evaluado por el Gobierno.

Amnistía Internacional ha recogido todos los fallos de la ley y los ha plasmado en su informe "Obstinada realidad, derechos pendientes" en el que muestra su preocupación por la situación de las víctimas de violencia machista.

Dificultades para denunciar y obtener asistencia social

El reciente caso de Ana, una adolescente colombiana de 17 años, es un reflejo de lo que se encuentra -en muchos casos- una mujer que quiere denunciar malos tratos. La madrugada del 7 de abril de este año, Ana fue agredida por su pareja por romper una relación de tres años en los que hubo malos tratos desde el principio. Ana fue a la comisaría de la Policía Nacional de León para denunciarlo. Allí le dijeron que estaban muy ocupados y que fuera a la Policía Municipal.

Una vez allí, los agentes de la municipal le dijeron que pidiera un parte de lesiones en un centro de salud. Cuando regresó con el informe médico, los municipales la enviaron a la Policía Nacional, quienes, le dijeron que volviese al día siguiente para presentar una denuncia en el Servicio de Atención a la Familia (SAF).

Al día siguiente, Ana acudió al SAF para presentar la denuncia, sin embargo, cuando intentó localizar al letrado de guardia del turno de oficio no dio con él. Ana tuvo que declarar en el juicio sin asistencia letrada.

El caso de Ana es una muestra de la escasa formación que tienen los agentes de policía, una situación que se repite entre los profesionales sanitarios, pese a que, según Amnistía, la formación de los implicados debería ser un aspecto "básico" y obligatorio de la ley.

Amnistía denuncia también las dificultades que se encuentran las mujeres para acceder a la "asistencia social", ya que en la mayoría de las autonomías exigen una orden de protección como requisito para tener la condición de víctima.

Amnistía advierte además de que la situación de las inmigrantes es "doblemente discriminatoria" porque las que no tienen permiso de residencia pueden ser expulsadas del país como ordena la Ley de Extranjería, aunque esta obligación no se cumple en el País Vasco gracias a la normativa autonómica de violencia de género.

Precisamente las diferencias en la aplicación de la Ley Integral entre comunidades autónomas es otra de las quejas de esta ONG, porque "el traspaso de competencias no debería ser motivo suficiente para que el Gobierno central eluda su responsabilidad", denuncia la autora del informe, María Naredo.

Respecto a los juzgados especializados, "que eran la medida estrella de la ley", recuerda Naredo, "es muy desalentador" ver que no persiguen los delitos ni investigan de oficio, como muestra el hecho de que el número de casos sobreseídos en estos juzgados ha crecido el 180 por ciento entre 2005 y 2007.

Por último, Amnistía advierte de que es "alarmante" e "incomprensible" que en tres años de aplicación de la ley no haya ni un sólo caso en el que los profesionales implicados que han fallado en su labor hayan rendido cuentas, como en el caso del juzgado de Alovera (Guadalajara).

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