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Una certeza y una deducción. La certeza aparece en el Código Penal. Por su artículo 578 sabemos que dedicar calles a etarras se llama "enaltecimiento del terrorismo". La deducción se desprende de un sencillo razonamiento: si el alcalde de Lejona (Vizcaya) decide mantener el antiguo rótulo de una calle dedicada a un terrorista es que comparte y apoya la decisión tomada en su día por uno de sus antecesores. De cajón. Es como aquello de considerar amigos a los amigos de mis amigos.

Sin embargo, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional sentencia que esa conducta descrita en el Código Penal no es aplicable al antiguo alcalde, quien decidió dedicar dos calles a tres terroristas (dos de ellos, hermanos, en un solo rótulo). Pero tampoco al actual, Eneko Arruabarrena (PNV), quien ha decidido mantenerlas. Aunque parezca una extravagancia, aquel se libra por haber llegado demasiado pronto a la alcaldía y éste, el actual, por haber llegado demasiado tarde.

El problema es de fechas, se nos viene a decir. Una fecha estratégica, la Nochebuena del año 2000, en referencia a la entrada en vigor de un nuevo delito: "enaltecimiento del terrorismo". Y, a partir de ahí, una confusa argumentación donde el calendario, la política y la semántica se amontonan en el amplio lecho de la aplicación de la ley por parte de los jueces. Principio de legalidad, de acuerdo. Pero a veces, como es el caso, con un resultado de pesada digestión para el hombre de la calle -o la mujer, vale, Aído-, que no matiza tanto al valorar conductas tan inequívocas como la del alcalde de Lejona que decidió perpetuar la memoria de unos terroristas y el que ahora dice amén. La del antiguo fue por "acción", pero fuera de plazo, antes de tiempo, es decir, cuando todavía no estaba tipificado el delito. La del alcalde actual es de "omisión", y por eso se libra del reproche penal, aunque el delito ya es de plena vigencia en el Código Penal.

Es el resumen del resumen de la sentencia. En realidad viene a respaldar una decisión previa del juez Santiago Pedraz, que en su día no admitió a trámite esta querella. Respaldo a la decisión de Pedraz y no tanto a su doctrina. Este juez argumentó no tanto sobre la fecha de tipificación del delito, sino sobre la duda de si Eustaquio Mendizábal ("Txikia") y los hermanos Etxebarrieta pertenecieron o no a ETA.

De nuevo, ese muro entre la legalidad y el sentir de la calle. Es pública y notoria la veneración de estos tres "protomártires" entre los actuales miembros de la banda terrorista, en cuyo santoral siempre ocuparon lugares de preferencia. Pero la legalidad necesita pruebas y esas, por muy palmarias que sean, al parecer no sirven. Tampoco sirve la inequívoca voluntad del ex alcalde de Lejona, que les honró con dos calles, ni la del actual, que ha decidido mantener el homenaje, porque "nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito o falta".

Mala noticia para las víctimas del terrorismo. La sentencia afecta a las diez querellas presentadas también por supuestos de "enaltecimiento" en asignación de calles o espacios públicos a etarras, con posiciones discrepantes entre los distintos jueces que ahora quedan subsumidas en la doctrina sentada por los 17 magistrados para el caso de Lejona. Como diría Baltasar Garzón, siempre nos quedará la vía contencioso-administrativa.

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