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El Grupo Parlamentario Popular ha decidido no dar tregua al Gobierno aunque estemos en pleno periodo estival. Esta vez no es al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que dirigen sus ‘cañones’, sino a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, a quien el PP ve más debilitada en las últimas semanas. Ayer, la portavoz del Grupo, Soraya Sáenz de Santamaría, la puso en su punto de mira.

A primera hora de la mañana, en el transcurso de una de las tertulias televisivas que inundan las parrillas a esas horas, De la Vega dijo que el PP no tenía alternativa conocida a la difícil situación que atraviesa la economía española –ya se sabe que el Gobierno no utiliza la palabra “crisis” ni bajo presión-. Palabras que sorprendieron en los despachos del Grupo Parlamentario del PP en la Carrera de San Jerónimo porque la propia De la Vega fue testigo de dicha alternativa económica.

Tan cerca como el pasado 20 de mayo, el Congreso de los Diputados debatió una moción del Partido Popular con una serie de iniciativas de tipo económico que fueron rechazas con los votos socialistas y de algunos grupos minoritarios. En los escaños del Gobierno se encontraba ese día la propia vicepresidenta, que votó en contra de la moción. Con el fin de refrescarle la memoria, Sáenz de Santamaría le envió ayer un motorista a Moncloa con el documento.

Y una carta: “Para su mejor conocimiento, adjunto le remito la moción sobre medidas de impulso de la Economía presentada por el Grupo Parlamentario Popular el pasado 16 de mayo, y que fue debatida en Pleno el 20 de mayo”. El conjunto de medidas -ver cuadro adjunto- se estructura en cinco bloques: para restaurar la confianza en la economía, para apoyar el crecimiento y la creación de empleo, para luchar contra la subida de precios, para mejorar la competitividad, y medidas de política energética.

Pero no contentos con enviar un motorista que refresque la memoria de la vicepresidenta, el Partido Popular quiere que comparezca ante la Diputación Permanente del Congreso. ¿Motivo? La inmigración. Dado que la vicepresidenta se ha convertido en la defensora de las políticas anunciadas por Corbacho y Rubalcaba, el PP quiere que se explique en el Parlamento y, sobre todo, aclare algunos aspectos de la posición del Gobierno en esta materia. Entre otros, la posición española en el debate europeo sobre la directiva de retorno y la regularización de la inmigración. Sáenz de Santamaría explicó que ahora el Gobierno defiende lo que antes criticaba al PP cuando lo calificaba de xenófobo.

Al PP le preocupa la nueva avalancha de inmigrantes -más de dos mil en dos meses- que llega en pateras y, sobre todo, los que pierden la vida en el intento, por lo que pide explicaciones al Ejecutivo. De ahí que ayer anunciara dos proposiciones no de ley concretas en materia de inmigración que el PP llevará al Congreso tras el verano: por un lado, reclamará que se prohíban por ley los procesos de regularización masiva de inmigrantes y, por otro, defenderá un nuevo modelo de reagrupamiento familiar limitado a cónyuges y descendientes pero permitiendo la integración laboral inmediata de los reagrupados, sin esperar un año.

El PP ya sometió a votación en el Congreso una de sus propuestas ‘estrella’ en materia de inmigración, el contrato de integración, y el PSOE lo rechazó pese a que, según Sáenz de Santamaría, ahora los socialistas empiezan a asumir algunas de esas cláusulas del contrato. En cuanto a la propuesta de CiU de incluir las lenguas cooficiales como condición para integrar a los inmigrantes, la portavoz del PP señaló que, si bien esas lenguas son un patrimonio, el deber de conocimiento sólo se reconoce en el conjunto del país al castellano.

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