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El deterioro de la actividad económica ha acabado por derivar en una circunstancia que uno daba ya por superada. O, al menos, esperaba que estuviera en vías de extinción. Desde los más diversos sectores productivos se pide al Gobierno central -y no digamos a los autonómicos, por aquello de la proximidad- que intervenga de forma inmediata para poner orden en tanto alboroto económico.

Todos los sectores, sin excepción, reclaman medidas a las autoridades para hacer frente a la crisis, casi siempre en la misma dirección: menos impuestos, menos cargas sociales, salarios más bajos, más flexibilidad en el despido (es decir, que sea más barato) o menos burocracia aligerando el sector público administrativo y empresarial en aras de reducir el gasto público. Como se ve, viejas recetas que emergen a la opinión pública de forma periódica cada vez que asoman las orejas del lobo.

Lo de ‘viejas recetas’ no es, desde luego, un reproche. Es más bien la constatación de que en el imaginario empresarial de este país se ha instalado un pobre discurso incapaz de entender los nuevos tiempos. Pocos empresarios piden que se gaste más en I+D o que se destinen más recursos a la formación de los empleados. Y menos aún, pocos reclaman recortar las copiosas subvenciones que reciben las empresas por los más diversos conceptos, como cada año pone de relieve el presupuesto de beneficios fiscales que publica el Ministerio de Economía y Hacienda, y que tan sólo en el Impuesto de Sociedades alcanzará este año los 8.285 millones de euros, dinero que dejará de ingresar el Estado por toda suerte de deducciones y exenciones.

Lo que sorprende no son esas reivindicaciones, algunas de las cuales tienen bastante racionalidad económica (bajar los impuestos y las cotizaciones sociales a la pymes), sino que choca la ausencia de autocrítica empresarial sobre en qué medida la gestión de las compañías lejos de ayudar a solventar la crisis, incide en los problemas. Unos cuantos datos pueden ilustrar mejor que nada el estado de la cuestión. Resulta que en 1980, el gasto público en I+D equivalía a un ridículo 22,2% de la media europea (eurozona), mientras que el gasto privado en investigación y desarrollo era algo superior, pero igualmente insignificante: apenas el 23,1%. Pues bien, en 20005, últimos datos publicados por el Banco de España, resulta que el sector público ha escalado posiciones hasta representar el 76,7% de la media, mientras que el privado también lo ha hecho, pero de una forma bastante menos acusada: ha alcanzado el 52,8%. Quiere decir esto que en el primer caso la I+D (un factor clave para avanzar en términos de productividad) se ha multiplicado casi por cuatro respecto a la media, pero por algo más de dos veces en el segundo, lo que da idea de cómo el sector público se ha espabilado bastante más que el privado a los largo del último cuarto de siglo.

Es evidente que sería iluso pensar que este simple indicador es suficiente para evaluar el comportamiento del sector privado y del público en la economía en términos de eficiencia; pero si es útil para poner de manifiesto cómo la gran empresa española (la pequeña apenas tiene capacidad para invertir en I+D) se ha mantenido ajena a la revolución tecnológica, algo que en los países más desarrollados ha permitido sustanciales avances de productividad. Para sonrojo de muchos, habría que recordar que la productividad del factor trabajo equivalía en 1975 -al final de la Dictadura- al 93,7% de la media europea, pero es que en 2007 esa relación no sólo no había mejorado, sino que había empeorado, hasta el 90,8%.

Como consecuencia de ello, no de extrañar que la balanza de royalties sea claramente deficitaria, hasta el punto de que la tasa de cobertura (año 2006) apenas representa el 37% del total. O dicho en otros términos, mientras que España ingresa por venta de patentes o marcas registradas apenas 748 millones de euros año, paga al exterior por este mismo concepto 1.995 millones de euros.

Habrá quien piense que el Gobierno -éste o aquél- es el culpable de todos los males que tiene este país, pero no estaría de más recapacitar sobre el papel del gran empresariado español en el actual desaguisado. Desde luego, no parece que en el origen del problema se encuentre un déficit de formación. Algunas de las mejores escuelas de negocios del mundo son españolas, aunque sí es verdad que el gasto público en universidad en este país sigue siendo un 25% inferior a la media de la eurozona.

El problema ni siquiera tiene que ver sólo con la gran empresa que vive en el mercado interior en régimen de casi oligopolio y que en su gran mayoría nacieron en pleno monopolio (Telefónica, Endesa, Gas Natural, Repsol o Iberdrola). El problema, por el contrario, parece estar relacionado con la vieja filosofía cortoplacista del dinero fácil que buscan muchos gestores para impresionar a sus accionistas, y que les hace entrar en negocios donde las tarifas públicas les garantizan unos ingresos de forma recurrente. Ahí está el problema. No sólo en el palacio de la Moncloa.

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