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Las autoridades estadounidenses presentaron once acusaciones contra dos empresarios de Miami y California por su presunta participación en un plan para exportar piezas de aviones militares a Irán, contraviniendo el embargo comercial de EEUU a ese país y una ley de armas. Alexander Acosta, fiscal federal del distrito sur del estado de Florida, anunció este jueves que los acusados son Hassan Saied Keshari, propietario de Kesh Air International, una empresa con sede en Novato (California), y Traian Bujduveanu, dueño de Orion Aviation Corp., localizada en Plantation (Florida). Ambos acusados fueron detenidos hace dos semanas, tras una investigación en la que participaron varias agencias policiales.

Según la acusación, los dos compraban y vendían piezas de aviones militares en Estados Unidos y luego procedían a hacer arreglos para su "exportación ilegal" a Irán vía los Emiratos Árabes Unidos. Entre las piezas de aviones que los acusados presuntamente iban a obtener y enviar a clientes en Irán había algunas de helicópteros militares CH-53, cazas F-14 Tomcat y de helicópteros de ataque AH-1.Keshari supuestamente tenía solicitudes para piezas de otros aviones militares, incluyendo el F-4 Phantom. Una de las acusaciones es de conspirar para exportar productos a Irán, otra de exportar recambios militares desde EEUU a esa nación, dos son de exportar artículos militares y otro de mentir para ocultar el contenido de un paquete con piezas de aviones militares.

Si son declarados culpables podrían ser condenados a 20 años de cárcel y la imposición de hasta un millón de dólares en multas. Las autoridades informaron que desde octubre de 2006 Keshari y Bujduveanu han tramitado la adquisición de componentes de aviones militares en EEUU para clientes iraníes y han enviado esos pedidos a una compañía de Dubai para que desde allí los mandasen a Irán. Todas las piezas presuntamente suministradas por los acusados son fabricadas en Estados Unidos, están diseñadas exclusivamente para uso militar y han sido clasificadas por el Departamento de Estado como "artículos militares", por lo que se requiere de un registro y un permiso de ese organismo. Ninguno de los acusados reunía esos requisitos, según el fiscal federal.

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