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Sabino Arrieta (ex viceconsejero vasco), en el punto de mira por los pagos de Sidenor a ETA

Sidenor ETA Garzón impuesto revolucionario

@J. Cacho.- 03/07/2008 06:00h

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Sabino Arrieta (ex viceconsejero vasco), en el punto de mira por los pagos de Sidenor a ETA
 José Antonio Jainaga (Efe)

El consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, detenido anteayer por la Guardía Civil siguiendo órdenes de Baltasar Garzón, ha negado ante el juez haber pagado a ETA 90.000 euros el año 2004. El detenido se mostró seguro de poder demostrar su afirmación mediante la exhibición de varias cartas de extorsión de la banda que guardaba en las oficinas de Sidenor. Sólo pidió una cosa al juez: que el registro de su despacho se llevara a cabo a partir de las 7 de la tarde, cuando el personal hubiera abandonado las dependencias de la fábrica.

Así se hizo. Jainaga, en efecto, mostró al juez varias cartas de extorsión que guardaba en su caja fuerte en las que la banda terrorista, en fechas distintas, le reclamaba el pago de fuertes cantidades de dinero. Según la documentación incautada por la Gendarmería francesa en el piso de Burdeos donde el pasado mes de mayo fue detenido Francisco Javier López Peña, alias Thierry, considerado el número uno de la banda, el consejero delegado de Sidenor habría pagado a la organización terrorista 90.000 euros en el año 2004, teniendo pendiente el pago de 60.000 euros más, cifra que el etarra exigía satisfacer de inmediato.

Se da la circunstancia de que en 2004, cuando supuestamente se habría realizado el pago de esos 90.000 euros, el presidente ejecutivo de Sidenor, además de dueño de la empresa, era Sabino Arrieta Heras, quien a finales de 2005 la vendió al grupo brasileño Gerdau. No estamos ante un empresario cualquiera. Arrieta Heras fue número dos de la Consejería de Interior del Gobierno vasco en los primeros años, en los que se montó la estructura del Gobierno y se creó la Ertzaintza. De acuerdo con las fuentes, el nombre de Sabino Arrieta figuraría también en la agenda del juez Garzón en relación a los pagos a ETA por parte de destacados empresarios vascos.

Sabino Arrieta, perteneciente al ala radical del PNV, la de los seguidores incondicionales de Xabier Arzalluz fue, en efecto, viceconsejero de Interior con Luis María Retolaza, miembro que fue de los Gobiernos autonómicos de Garaikoetxea y de Ardanza, y auténtico arquitecto de la Ertzaintza, como titular de un departamento de Interior tachado de ocultista y poco dado a la transparencia. Desde su salida del Gobierno vasco hasta el año 1995, Arrieta dedicó su actividad a los negocios (ver noticia), en particular a la reconversión de empresas en crisis, siempre relacionado con la fontanería económica del PNV.

Venta a la brasileña Gerdau

En 1995 consiguió convencer a un ex compañero de estudios en la Comercial de Deusto, Juan Manuel Eguiagaray, entonces ministro de Industria, para que le vendiese Sidenor por 13 millones de euros, tras la decisión del Gobierno socialista de privatizar la empresa, que se había convertido en pública en el proceso de reconversión industrial iniciado a mediados de los 80. A finales de 1995, Arrieta vendió Sidenor al grupo Gerdau por 445 millones de euros. Aunque entre los compradores aparece también el Banco de Santander y el equipo directivo, muchos creen que ambos paquetes son simples “aparcamientos” de acciones de Gerdau.

Fuentes relacionadas con la detención de anteayer han asegurado a este diario que Jainaga “no sólo no ha pagado ni un euro a ETA, sino que recibe periódicamente cartas de la banda exigiéndole el impuesto revolucionario”. Otra cosa es el pasado. De acuerdo con las mismas fuentes, la antigua propiedad se habría mostrado más sensible a las exigencias de la banda, situación que Jainaga habría cortado en seco cuando asumió la consejería delegada como hombre de confianza de los brasileños. “A pesar del pelotazo de casi 445 millones de euros producto de la venta de Sidenor, Sabino Arrieta pertenece al grupo de empresarios que pasea tranquilamente por cualquier calle de Bilbao sin escolta”.

Por otro lado, y dentro del mismo operativo puesto en marcha por el juez Garzón, ayer fue detenido en el balneario de Cestona donde se encontraba descansando el empresario Jesús Guibert Azkue, nada menos que de 81 años de edad, y que hace 25, concretamente en marzo de 1983, fue secuestrado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial Ucín, que posteriormente sería vendida a Celsa. Hoy la empresa se llama Corrugados Azpeitia. La detendión de Guibert, que también figura en la documentación intervenida en Burdeos al dirigente etarra Thierry, no ha hecho sino alarmar aún más al empresariado vasco. Se viene una riada de interrogatorios de este tipo.

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Opiniones de los lectores (3)

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3. usuario registrado pinsapus03/07/2008, 15:19 h.

Al empresario ETA le da la posibilidad de pagar incluso fraccionadamente el pago de la extorsión y dejarles vivir, desgraciadamente los criminales y sus chivatos seleccionan a sus victimas, a otros
les da el tiro en la nuca o el explosivo para matarles a el y a su familia sin previo aviso y sin posibilidad de pago, pagar es un acto delictivo y debe ser perseguido por la Ley sin contemplaciones, espero que no vuelvan los intermediarios de secuestros autorizados por las familias con el 15% de comisión y tolerados en la épocas anteriores por el Gobierno de turno, el
Estado debe ser fuerte ante tanto criminal y gentuza y garantizar la seguridad de todos, com mucha mano dura incluso con los que se amparan en la "politica" para desestabilizar al Estado democrático, también hay clase en los secuestros, si no que le pregunten a las familias de Berazadi, Ryan, Martin Barrios y Miguel Ángel Blanco, y muchos más asesinados por la banda criminal y chivatos de ETA.

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2. izaldu03/07/2008, 13:18 h.

Cierto. Pero es el porpio PNV quien no portege a los extorsionados.

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1. Merchuca03/07/2008, 10:43 h.

Los empresarios que viven toda la vida amenazados por ETA y encima tienen que hacer frente al chantaje y pagar para evitar que así les maten a ellos o a su familia, ahora encima son detenidos. Si el gobierno puediese proteger a los ciudadanos, éstos no se verian obligados a pagar para que no les maten.

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