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 La directora del Instituto de la Mujer, Rosa María Peris (Efe).

El Instituto de la Mujer, organismo adscrito a la Secretaría General de Políticas de Igualdad para fomentar la participación de las féminas en la vida política, económica y social, ha funcionado sin embargo como un obstáculo para que sus becarias concilien la vida familiar y laboral. El régimen que tuvieron que firmar los actuales becarios del Instituto refleja que en caso de parto, adopción o acogimiento, la dirección “podrá conceder la suspensión temporal de la beca” por un periodo “no superior a 16 semanas, ampliable, en el supuesto de parto múltiple, en dos semanas más por cada hija o hijo a partir del segundo”.

De esta forma, las becarias no percibían ningún ingreso durante las 16 semanas de suspensión y, en caso de superarse este plazo, la beca se declaraba “extinguida por Resolución de la Directora General”. “Ninguna mujer podía afrontar quedarse embarazada y estar varios meses sin cobrar nada, el Instituto estaba discriminado a las mujeres”, señaló a El Confidencial una empleada de este organismo.

La última convocatoria del Instituto, publicada en el BOE el pasado 2 de enero, rectifica y recoge que “mientras dure la situación, la persona interesada continuará devengando y percibiendo el importe de la beca otorgada y el periodo interrumpido será recuperable en todo caso”. La orden del antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reconoce que “en el marco de los objetivos de las políticas de igualdad”, resulta necesario que las personas que disfrutan de una beca “puedan interrumpir la misma por razón de parto, adopción o acogimiento sin que ello supnga menoscabo alguno de su derecho a continuar percibiendo el importe de la beca”, algo que hasta ahora se había negado. No obstante, se mantiene el artículo por el cual la beca se extingue si se sobrepasa el plazo de 16 semanas de suspensión.

Una mejora que llega tras las protestas de las becarias, que, no obstante, observan más problemas de discriminación en la oficina creada para luchar por la igualdad. Es el caso de la póliza de seguro de enfermedad y accidentes corporales de la que pueden disfrutar los becarios, “salvo que concurran circunstancias personales que imposibiliten la suscripción a la misma”. Esta cláusula ha supuesto, al menos en una ocasión, que se rechazara asegurar a una becaria por ser diabética, becaria que finalmente obtuvo una indemnización del Instituto por haber sufrido esta discriminación.

Por otra parte, de las poco más de cien personas que componen la plantilla, 31 están en prácticas, un alto porcentaje que hace pensar a las becarias que en realidad están cubriendo necesidades laborales del Instituto, pero bajo un régimen precario, sin los mismos derechos de los que disfruta el resto del personal. De hecho, pese a que la ley señala que se trata de becas de formación, cuyos titulares contarán con un tutor que les oriente y asesore, en la práctica acaban llevando a cabo tareas de responsabilidad tan delicadas como atender a mujeres víctimas de violencia de género. Además, en la actualidad no hay ningún hombre como becario, lo que ha proyectado una sombra sobre el concepto de igualdad que maneja el organismo.

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