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Gracias a los amigos de ETA -uno de sus votos fue decisivo en el Parlamento de Vitoria-, Ibarretxe sigue adelante con su proyecto de consultar a los vascos sobre el final dialogado de ETA como prenda del "derecho a decidir". O al revés: el derecho a "decidir" como elemento de persuasión para el fin de ETA. Camuflaje semántico, en fin, de la vieja ecuación del nacionalismo vasco en histórico reparto de papeles: paz por autodeterminación.

Es la única lectura posible del proyecto de ley de consulta popular aprobado en la Cámara autonómica el viernes pasado. En cuanto se publique en el boletín oficial de la Comunidad -estamos a la espera-, se cumplirá la condición formal para abrir el proceso impugnatorio anunciado por el Gobierno de la Nación ante un supuesto de referéndum no autorizado. En dos pasos: primero, informe del Consejo de Estado; y segundo, recurso de impugnación, con efectos suspensivos de al menos cinco meses (artículo 161 de la Constitución Española), que el Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional. En una semana estarían cubiertos los dos pasos.

Son las generales de la ley. De obligado cumplimiento, claro, pero nos distraen del asunto de fondo ¿Y cuál es el fondo del asunto? Según los nacionalistas, el derecho a decidir de los vascos. Falso. Se trata del derecho del conjunto de los españoles a decidir sobre el futuro de una parte de su territorio. Este derecho, anclado en el principio de la soberanía nacional, está siendo desafiado en clave jurídica y en clave política por Ibarretxe y su gobierno en aplicación de un ideario partidista.

Sobre el consenso de que Euskadi es una parte de España se constituyó la Comunidad Autónoma del País Vasco (1979), hoy día en altísimos niveles de autogobierno, especialmente en materia económica y fiscal. La eventual ruptura de ese consenso corresponde a quienes lo forjaron. Es decir, al conjunto de los españoles. En ese sentido digo que en el llamado plan Ibarretxe bis nos jugamos el derecho a decidir de todos los españoles, no el de unos cuantos.

Para colmo, la formulación del derecho a decidir de unos cuantos, invocado en los ravelianos ensueños de Ibarretxe, es una especie de media aritmética entre magnitudes radicales y moderadas de los nacionalistas, no del conjunto de los vascos. Puede alegarse que precisamente para conocer la voluntad del conjunto de los vascos quiere convocar la consulta de octubre.

Pero eso tiene sus normas -regulación legal de las convocatorias de referéndum-, y el lehendakari se las pasa por el arco del triunfo. Como el Gobierno central no le deja salirse con la suya, dice que "la democracia española está enferma"… ¿por llevarle la contraria? El enfermo es él si olvida que la discrepancia política se expresa en libertad y la discrepancia jurídica se canaliza legalmente. Enfermo y, además, tramposo, porque, como diría Rubalcaba, se ha vuelto a tirar en el área para engañar al árbitro (los votantes) entre lágrimas de cocodrilo y aspavientos de víctima perseguida por el españolismo tóxico, intolerante y represor. Pero esta vez los votantes no pican. Según los datos del último Euskobarómetro, sólo el 24 % de los vascos apoyan la propuesta de Ibarretxe. Una pista.

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