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El proceso está en marcha. Mientras la Fiscalía tinerfeña sigue su investigación por la alta mortalidad en el servicio de cirugía cardiaca del Hospital Universitario de Canarias (HUC), demostrada por una auditoría externa, los afectados comienzan a movilizarse para reclamar indemnizaciones. El pasado viernes, la Consejería de Salud canaria, dirigida por la popular Mercedes Roldós, se reunió con la Asociación Canaria de Afectados por el Servicio de Cirugía Cardíaca del citado hospital (ACASCCH) a través de su segundo de a bordo José Trasovares, secretario general técnico. El encuentro, según el gabinete jurídico de la asociación fue “afable y cordial” y aseguró que “si estimábamos que había existido negligencia y se demostraba, se haría frente a la responsabilidad patrimonial”.

Es la primera vez que la Consejería admite la posibilidad de que haya existido un problema en el servicio de cirugía cardiaca del HUC, después de que Roldós amenazara al cirujano que denunció la situación Ignacio Díaz de Tuesta y a todo medio de comunicación que difundiera, según su criterio, informaciones tendenciosas y difamatorias sobre los índices de mortalidad. Aún así, las autoridades canarias han reconocido los datos de la auditoría externa realizada por dos facultativos designados por la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV) entre 2005 y 2006, los cuales señalan la existencia de una mortalidad “exageradamente elevada” duplicando o más la tasa media de decesos en quirófano del resto de hospitales españoles.

El gabinete jurídico que asesora a los afectados indicó a la Consejería que habría dos conceptos a indemnizar: daños físicos y daños morales, tanto a pacientes que no salieron bien de operaciones de corazón, como familiares de pacientes fallecidos. Este mes, se realizarán los informes periciales pertinentes tomando como base los informes clínicos y exámenes psicológicos a los afectados. El gabinete LBM asociados explicó a este diario que el primero paso es la vía civil, máxime teniendo en cuenta la predisposición de la Consejería a resarcir los posibles daños.

Por su parte, el presidente de la agrupación ACASCCH, Nicolás Sosa, indicó a El Confidencial que “mi impresión de la reunión es que contestó lo que se podía esperar con un ‘están ustedes en su derecho’, pero realmente no le compromete a nada”. Todo esto “nos empuja a poner todas las reclamaciones posibles y uno de las cosas que vamos a hacer es poner un anuncio pagado en los medios para hacer llegar más aún el mensaje a los posibles afectados”. En cuanto a los historiales clínicos, según Sosa, están completos: “Al menos en mi caso, sólo me falta un papel de un consentimiento informado de una de las operaciones”, pero “no es clave” para demostrar las secuelas que sufre por haberse operado en el HUC.

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