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Un grupo de escritores e intelectuales, encabezados por Vargas Llosa y Fernando Savater, ha puesto en circulación un manifiesto en defensa del castellano que solemniza de tal manera lo obvio que se hace incontestable. El escrito parte del axioma de que el castellano es la única lengua oficial y común de España, lo cual es irrebatible; afirma que todos los ciudadanos deben gozar del derecho a ser educados en la lengua oficial y común de su país, algo de sentido común; y sostiene que las lenguas co-oficiales merecen protección pero no pueden ser impuestas coactivamente y que, siendo deseable el bilingüismo, establecerlo por decreto es un atropello.

Al margen de la utilización que del manifiesto hayan empezado a hacer nuestros patriotas de cabecera -¡qué tiempos aquellos cuando al director de El Mundo le parecía muy sano que su edición en el País Vasco sustituyera por norma en sus textos España o español por Estado o estatal para no crear rechazo a sus lectores! ¡Qué grandes ciclistas estatales hemos tenido!-, nada cabe reprochar a esta declaración, que solicita del Parlamento una normativa elemental que impida, por ejemplo, que algunas autonomías primen más el conocimiento de la lengua co-oficial que tres doctorados por Harvard.

Lo realmente preocupante de la situación actual no es la salud del castellano, un idioma que cientos de millones de personas hablan en el mundo, sino la sensación de irreversibilidad de algunos desatinos que han consentido como naturales los dos grandes partidos nacionales para mantenerse en el poder, a cambio del apoyo de las fuerzas nacionalistas. Tras las carreras de estos días por ver quién firmaba antes el manifiesto, si los centristas de Rajoy o los liberales de Aguirre, sería bueno que alguien en el PP explicara por qué impidió en su día que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la ley de normalización lingüística de Cataluña, origen de algunos de estos males. ¿Tenía algo que ver acaso con el soporte parlamentario que CiU daba a Aznar en sus inicios como estadista?

En el caso de Cataluña especialmente, la lengua ha trascendido su papel de vehículo de comunicación entre personas para convertirse en el elemento distintivo del sentimiento nacional. Nada hay de racial ni de cultural en el hecho diferencial catalán, al margen de que la sardana se baile más despacio que la jota. La base sobre la que se asienta el edificio nacionalista es el idioma. En consecuencia, sólo se adquiere la condición plena de catalán si se habla catalán; a més a més, imponer el idioma como barrera de entrada al mercado de trabajo –fundamentalmente en la administración autonómica y local- protege aparentemente a los ‘nacionales’ y desanima a los de Burgos, a los que nunca se les dio bien pronunciar a Ausiàs March. Ello empobrece bastante, empequeñece, transforma en provinciano todo lo que toca, pero fomenta una endogamia muy beneficiosa para los intereses políticos nacionalistas.

En todo este proceso, los socialistas no se han mantenido ni mucho menos al margen sino que se han sumado a la fiesta de manera entusiasta. Cualquier crítica a este estado de cosas se ha asociado automáticamente con la intolerancia de la derecha españolista, porque lo progresista –todavía lo sigue siendo- ha sido ser más nacionalista que Carod y Pujol juntos comiendo unos calçots con butifarra. Nadie como el PSOE y su sucursal en Barcelona ha contribuido a extender esa patraña de la lengua propia, ignorando por ejemplo que, aun hoy, la lengua materna de la mayoría de los habitantes de Cataluña no es el catalán sino el castellano, tal es el ejemplo de Montilla.

Quien ya está sufriendo esta situación no es la lengua de Cervantes, que cada año suma más hablantes que toda la población junta de los denominados Países Catalanes y sabe defenderse sola, sino toda una generación a la que posiblemente se prive del aprendizaje correcto de un idioma de dimensión universal, y el resto de españoles, que tienen derecho a trabajar en Bermeo o en Sabadell sin que se les exija habilidades lingüísticas adicionales.

Afortunadamente, el sentido común de los ciudadanos es bastante superior al de sus políticos. Es cierto que el catalán convive sin grandes sobresaltos con el castellano –en el País Vasco su predominio frente al euskera es abrumador- porque aquello de hablando se entiende la gente es algo más que una frase hecha, pero también lo es que la indefensión en la que han quedado quienes pretenden escolarizar a sus hijos en la lengua común de España es absoluto. ¿Por qué se obliga a un ciudadano a emprender una batalla jurídica para conseguir lo que la Constitución le reconoce? ¿En qué lugar del mundo alguien tiene dificultades para estudiar en el idioma oficial del país?

Nada de lo anterior impide considerar que el catalán, el vasco o el gallego merecen estímulo, protección, fondos públicos y hasta una oda, que el bilingüismo es una bendición o que un señor de Bilbao tiene derecho a dirigirse en vasco a su ayuntamiento y que el funcionario en cuestión le conteste en esta misma lengua. Lo dramático de las inmersiones es que suelen ser irrespirables.

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