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Vivimos en un país maravilloso. De eso no parece haber ninguna duda. Al menos para determinada clase política. Resulta que en el último Congreso del Partido Popular, los debates ‘estrella’ han tenido que ver con la formación de la nueva Ejecutiva de Rajoy y con esa nueva ospolitik diseñada por el presidente del PP para acercarse a los nacionalistas moderados. Como se ve, asuntos sin duda relevantes, pero que dejan fríos a la mayoría de ciudadanos, que probablemente hubieran preferido que en el cónclave del principal partido de la oposición se dedicara mayor atención a asuntos que tienen más que ver con los problemas reales de los ciudadanos.

Pues bien, el Partido Socialista está ahora a las puertas de celebrar su 37 Congreso federal, y hay un cierto consenso entre los analistas en que los asuntos ‘estrella’ del evento serán la igualdad entre sexos, la ampliación de las causas de aborto, la eutanasia y la laicidad. Sería ridículo negar que estos asuntos son relevantes. Parece evidente que este país rezuma todavía comportamientos machistas y de discriminación hacia la mujer; como es también obvia la necesidad de que de una vez por todas se delimiten las áreas de influencia del Estado y de la Iglesia católica, avanzando en la no confesionalidad de los poderes públicos. Pero dicho esto, resulta verdaderamente patético que el Partido Socialista vaya a pasar de puntillas sobre algunos de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, y que tienen que ver, fundamentalmente, con la economía y la estructura territorial del Estado.

Para hacerse una idea de lo que se quiere decir, sólo hay que tener en cuenta que en ninguna de las 57 páginas que constituyen la Ponencia Marco que discutirán en el Congreso los 3.000 compromisarios se menciona la palabra impuestos. Es decir, que si alguien se lee atentamente el documento más estratégico en términos ideológicos que elabora cada cuatro años el partido que respalda al Gobierno, la cuestión tributaria no merece ni una sola línea. Ni una mísera reflexión. Pero hete aquí que tampoco se aborda de una manera resuelta -más allá de la mera declaración de intenciones- el futuro de la Seguridad Social. Esto es especialmente lacerante teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de la población, un fenómeno que se observará de forma cada vez más palmaria en los próximos años. Tampoco se habla del reparto de la riqueza ni de la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, lo que desde luego no tiene nada que ver la cogestión, una opción probablemente ya superada por la globalización.

La economía, como se ve, no aparece como un asunto prioritario para los redactores de la Ponencia Marco, lo cual es verdaderamente relevante (y no sólo por razones coyunturales) tratándose de un partido que se define en sus Estatutos como una “organización política de la clase trabajadora y de los hombres y mujeres que luchan contra todo tipo de explotación, aspirando a transformar la sociedad para convertirla en una sociedad libre, igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso de los pueblos”. Difícilmente se puede caminar hacia esos objetivos sin hablar de economía más allá de los tópicos, pero así son las cosas.

Se da la circunstancia, además, que los 3.000 compromisarios que acudirán al Congreso del primer fin de semana de julio -si aceptan finalmente el texto de la Ponencia Marco- tampoco tendrán la oportunidad de debatir el modelo territorial del Estado, sin lugar a dudas una de las cuestiones más polémicas y que más han envenenado la vida ciudadana en los últimos años. Parece evidente que la estructura del Estado no es un asunto cerrado -ni siquiera constitucionalmente lo es-, por lo que resulta al menos chocante que este asunto se despache en un par de párrafos. Uno de los cuales, dicho sea de paso, no tiene desperdicio. Dice el texto congresual que “la mejor expresión del éxito de la política socialista de cohesión e integración territorial ha sido el buen resultado electoral del PSOE en Cataluña y el País Vasco y la importante disminución de los apoyos electorales a los grupos políticos con posiciones más radicales, sean centrípetas o centrífugas”. Es decir, que cohesión territorial del Estado -una cuestión verdaderamente compleja- depende exclusivamente de los diputados que coseche el Partido Socialista en el País Vasco y Cataluña. Sin comentarios. Se supone que cuando Raimon Obiols se estrellaba una y otra vez contra Jordi Pujol la cohesión territorial se resquebrajaba por culpa de la derrota socialista. Se trata, sin lugar a dudas, de una peculiar manera de escribir la historia.

El hecho de que no se hable a fondo de estas cuestiones hay que vincularlo, probablemente, con la naturaleza del sistema político español, en el que la influencia de los partidos -y de sus afiliados y simpatizantes- es cada vez más reducida respecto de los gobiernos a los que respaldan. De esta manera, se da una curiosa circunstancia que va en contra de cualquier racionalidad política. Son los gobiernos los que controlan el partido y no al revés, lo que impide que en los congresos se puedan debatir cuestiones de calado que afecten a la gestión del Ejecutivo, no vaya a ser que salten chispas entre ambas instituciones. Se trata, evidentemente, de un déficit democrático que algún día habría que arreglar para evitar estos desaguisados, y que permiten la supresión del Impuesto del Patrimonio o la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones sin debate ideológico alguno. Una mala señal.

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