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Una de las vías de investigación en las que se que se centra actualmente UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) y la juez Isabel Conejo en la Operación Astapa es la supuesta financiación irregular del PSOE local con la empresa Publiparking, de Enrique González Ceano, uno de los imputados, que instaló las vallas publicitarias del partido para las últimas elecciones municipales, y que también colocó la carpa del PSOE. Según ha podido saber El Confidencial, esta empresa no figuraba en ningún registro oficial, “era una empresa fantasma que no estaba registrada oficialmente” aseguran a este diario fuentes cercanas a la investigación.

La empresa tiene dos expedientes abiertos porque los contratos que se le adjudicaron no fueron sometidos a información pública. Pero esta no es la única investigación abierta sobre instalación de vallas publicitarias. El concejal de urbanismo, Rafael Duarte, ahora también imputado, realizó en enero de este año una inspección sobre los carteles colocados por la empresa Publiparking en diferentes zonas del municipio para comprobar si disponían de licencia municipal para esta actividad. Lo que no podía suponer el responsable de Urbanismo es que ni siquiera estuviese oficialmente registrada.

Contrataciones sin licitación pública

Ya en su día el Ayuntamiento de Estepona ordenó abrir un expediente para anular el contrato con la empresa Publiparking para la colocación de papeleras en las que se inserta publicidad. Las contrataciones se realizaron sin seguir un proceso de licitación pública. En esa ocasión, el alcalde, Antonio Barrientos, criticó al edil del PES, José Ignacio Crespo, por haber seguido un procedimiento inadecuado en la adjudicación. Paradójicamente, le dijo: “Hay concejales que por situaciones similares están en la cárcel, en Marbella, sin ir más lejos”. Crespo, por su parte, le respondió calificando sus acusaciones de “cortina de humo”. Según explicó, las contrataciones se hicieron siguiendo el procedimiento establecido, y dijo que se trataba de desviar la atención sobre las vallas publicitarias colocadas por la empresa durante la campaña para soportar la propaganda del PSOE.

Por si fuera poco, Publiparking tiene otro expediente abierto por disciplina urbanística por las vallas instaladas en diferentes áreas del municipio. A tanto llego el escándalo, que se solicitó un pleno extraordinario por la oposición para abordar el expediente sobre la adjudicación a Publiparking de una concesión administrativa de publicidad para la resolución del contrato por nulidad. Para justificar estos desajustes, Crespo decía que había pedido ese pleno porque “el alcalde le ocultaba información”. Barrientos, de su lado, afirmaba que sería Crespo “quien tendría que dar la información sobre eso y no al revés”. El uno por el otro y la empresa sin registrar.

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