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El llamado Manifiesto por la lengua común está, en términos generales, cargado de sentido común. Por una parte, celebra el cultivo de las distintas lenguas españolas, que son varias y tienen carácter oficial en sus respectivos territorios. Por otra, nos convoca a una defensa militante del castellano, la única que es común y oficial en todos esos territorios. Así formulado, lo que se propone en el documento encaja en la legalidad. Y también se acomoda perfectamente a nuestra memoria cultural, política, histórica y social.

El epicentro del debate es la marginación del castellano en las Comunidades Autónomas con lengua co-oficial propia. ¿Del ninguneo a la desaparición, como supuesto de máximo riesgo? No tanto, pero es una cuestión de fuero. Como lo sería si el uso del euskera, el catalán o el gallego, lenguas maternas de tantos ciudadanos españoles, estuviera prohibido, perseguido o simplemente limitado. No es el caso. Lo fue durante el franquismo y algún precio hemos pagado por ello, pero eso ya es historia.

Sin embargo, en este debate persiste el desdichado malentendido de siempre. Me refiero a la interesada tendencia a confundir la defensa del castellano con el ataque a las lenguas propias de ciertas regiones del territorio nacional. Aquí y ahora, tampoco es el caso. Y las credenciales de los abajo firmantes no nos permiten endosar sus intenciones a ninguna suerte de oportunismo político. No hace falta, pues todo el mundo entiende que una cosa es impulsar la lengua propia y otra cosa es imponerla de forma conminatoria.

Ese es justamente el diagnóstico discutido y discutible de quienes han dado este paso adelante en defensa del castellano: ¿está realmente en peligro en su propio nicho ecológico o los elementos de prueba no son lo bastante sólidos como para alarmarse? De momento, tenemos una reacción más bien airada del Gobierno. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, incluso respondió con cajas destempladas cuando le preguntaron si apoyaba este Manifiesto: "Yo no tengo que apoyar nada", "la LOE garantiza el aprendizaje del castellano en todo el territorio nacional", "el Ministerio se ha comprometido con el cumplimiento de esta norma". O sea, las generales de la ley que, en todo caso, se está incumpliendo, según los patrocinadores del documento.

En ese tipo de asuntos, la calidad del mensajero es fundamental. Dicho sea en honor de Fernando Savater, José Antonio Marina, Arcadi Espada, Félix de Azúa, Álvaro Pombo, Albert Boadella o Castilla del Pino. No son peones negros ni blancos al servicio de la crispación. Ni por lo más remoto me los podría imaginar urdiendo una trama de jacobinos furiosos y dispuestos a cortarle la lengua a Carod-Rovira o Ibarretxe.

Su discurso es razonable. No tanto en su clave más política, cuando se refiere al papel del castellano como "lengua principal de la comunicación democrática" -una afirmación discutible-, sino cultural (avanza en el mundo y retrocede en España). Y, sobre todo, clave civil: "Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas", dice el manifiesto antes de reclamar para todos los ciudadanos el derecho a recibir educación y ser atendidos en cualquiera de las lenguas co-oficiales, vivan donde vivan. También, por supuesto, y con todas las de la ley, en la que es común a todas las Comunidades Autónomas: el castellano. ¿Quién no va a estar de acuerdo con éso?

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