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 Antonio Barrientos, alcalde de Estepona / Efe.

Rafael Duarte, concejal socialista de Urbanismo de Estepona, ha pasado de sonar como próximo alcalde en sustitución de Antonio Barrientos a declarar como imputado en el Caso Astapa. Distintas voces costasoleñas consultadas no sólo se sorprendían de que hubiese sido detenido en la operación, sino que le consideraban uno de los principales denunciantes de la corrupción del consistorio, habida cuenta de su dureza al frente de la vocalía de Urbanismo en la gestora de Marbella y de los 1.500 expedientes de irregularidades urbanísticas que sacó a la luz en los pocos meses que llevaba en el Ayuntamiento esteponero.

“Se le hacía como alcaldable porque era de los pocos considerados ‘limpios’ del Ayuntamiento. Pero ahora que el PSOE ha iniciado un procedimiento de expulsión de todos los concejales imputados, es muy difícil que termine como alcalde”, explican a El Confidencial fuentes municipales.

El pasado viernes, Duarte prestaba declaración ante la policía por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, en una segunda oleada de imputaciones que afectan a otras 15 personas –aparte de los primeros 26 detenidos- y que comenzaron con el edil de Urbanismo. “La juez le ha imputado por una presunta prevaricación omisiva, es decir, que supo del delito y no lo denunció, lo que conllevaría como máximo seis meses de inhabilitación para cargo público. Pero la apertura de los 1.500 expedientes sancionadores fue obra suya”, aseguran. Como suyas fueron las declaraciones en las que comparaba las irregularidades urbanísticas de Estepona con las de Marbella.

Fuentes jurídicas consultadas matizan asimismo la imputación de Duarte: “En las diligencias previas de un proceso, si se llama a alguien a declarar sólo como testigo, no acude con abogado y su declaración podría no ser válida. En cambio, si lo llaman como imputado, declara con constancia del abogado. Y después la imputación puede prosperar o no, o puede ser recurrida”. El concejal declaró en presencia de su abogado, precisamente, Diego Martín Reyes, ex compañero de Duarte en la Comisión Gestora que estuvo al frente del Ayuntamiento de Marbella tras la disolución de la corporación por el Caso Malaya.

“Ha salido de Málaga para meterse en Malagón”

“A Rafael Duarte le va la marcha”, confiesan a El Confidencial quienes le conocen. Lo cierto es que en su corta trayectoria política, este abogado urbanista militante del PSOE “ha salido de Málaga para meterse en Malagón”. Tan sólo cinco días después de conformarse la gestora de Marbella, en la que él ocupaba la vocalía de Urbanismo, saltaba a la luz su asesoramiento en materia de construcción al Ayuntamiento de Manilva, cuyo ex alcalde fue encarcelado en la Operación Ballena Blanca.

Ese mismo día, cuando arreciaban las voces que pedían su dimisión, El Confidencial tuvo la oportunidad de entrevistarle en el mismo Ayuntamiento de Marbella. La tempestad amainó y tras concluir su paso por la gestora, en las elecciones municipales del año pasado, recaló en Estepona. “Estaba muy quemado y manifestaba a menudo sus ganas de marcharse”, añaden sus conocidos. No lo hizo. El Caso Astapa ha seguido al Caso Malaya y a Duarte ya le ha pasado factura.

Duarte ha anunciado esta mañana que pone su cargo a disposición de su partido después de que se le imputen los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en el Caso Astapa contra la corrupción. Duarte ha destacado que hay una clara diferenciación con el resto de concejales socialistas imputados en este proceso porque él no ha sido detenido, ni su domicilio ha sido registrado ni se le ha impuesto ninguna medida cautelar.

Pese a estas diferencias, el edil ha afirmado que no quiere mantenerse "a toda costa" en el Ayuntamiento esteponero y que esperará a la resolución que adopte su formación política. "En absoluto me voy a apartar de la doctrina del PSOE", dijo. Ha explicado que también se encuentra a la espera de la valoración que hagan sus compañeros de Corporación" sobre la situación.

En relación con su imputación por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, Duarte ha dicho que se habla de su posible implicación en estos hechos, pero ha asegurado que "no hay una implicación formal hecha por un juez".

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