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El PSOE ha pedido a cuatro de los concejales de su partido en Estepona (Málaga) imputados en el Caso Astapa contra la corrupción urbanística que dejen su acta de edil o pasarían a ser "no adscritos", mientras espera que se aclare la situación del concejal socialista de Urbanismo, Rafael Duarte.

El presidente de la gestora local del PSOE y presidente provincial del partido, Juan Paniagua, ha anunciado que la intención de su partido es mantener el actual pacto de gobierno formado por los socialistas, Partido Andalucista (PA), Izquierda Unida y el grupo "Estepona 2007".

Ha dejado claro a los ediles imputados que deben renunciar a sus actas o quedarían como no adscritos, al margen de la disciplina socialista, medida que afecta a los cuatro en libertad provisional con fianza: el delegado de Economía y Hacienda, portavoz municipal y ex senador, Francisco Zamorano, y las titulares de Playas, Educación y Cultura, Marisa Rodríguez, Mariví López y Asunción López.

Sobre Duarte, que declaró ante la Policía, aunque no fue detenido ni se le impuso ninguna medida cautelar, está imputado por los delitos de cohecho y prevaricación, aunque, según Paniagua, "sin confirmación de auto judicial".

Este dirigente del PSOE precisa que "la situación de Duarte es de una imputación que no tiene confirmación por parte de un auto de la jueza, por lo que aquí habría que esperar", y califica esa situación de "indefinición".

Juan Paniagua pretende hablar con los concejales imputados y no imputados y con los integrantes de la candidatura socialista que asumirían actas de edil si finalmente se producen renuncias. El dirigente desconoce la posición de los ediles afectados y dice que tendrían que ver con qué integrantes socialistas se puede contar.

Sobre el candidato del PSOE a la Alcaldía, el presidente de la gestora no tiene claro, de momento, quién será la persona elegida. Paniagua se ha reunido también esta mañana con el alcalde en funciones, el andalucista Rafael Montesinos, para evaluar lo ocurrido y marcar las actuaciones a seguir.

La Ejecutiva regional del PSOE andaluz empezó el pasado martes, sólo horas después de iniciarse esta operación contra la corrupción, los trámites para incoar expedientes de expulsión provisional del partido de los concejales implicados en esta investigación policial, cuando desconocía aún cuántos y quiénes podían verse afectados por su medida. Esta expulsión provisional se anunció "en tanto en cuanto no se aclaren las conclusiones de la investigación iniciada por la Policía".

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