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En la democracia capitalista se admite sólo la consolidación del negocio, más allá de cualquier complejo social o político. A lo largo de la historia se comprueba con claridad cómo el progreso humano, en todos sus ámbitos, ha estado fundido con la economía y cómo, en realidad, ha sido la economía la que ha permitido que el progreso humano alcanzase algún desarrollo. A veces, no obstante, resulta difícil establecer el orden cronológico y, por tanto, jerárquico, pero la interacción es evidente. Un ejemplo: la incorporación de la mujer al mercado de trabajo fue posible en su momento gracias a que las grandes empresas constataron que así podrían ganar, al menos, el doble que antes. La reclamación de tal derecho social, alentada sobre todo por movimientos feministas, se midió como negocio y se impuso definitivamente como tal.

El dinero, inodoro e insensible, se arrima a lo que sea con tal de engordar y, como es lógico, anda siempre a la altura de los tiempos. En Occidente, vivimos desde hace décadas un logro más o menos real (o al menos una reivindicación constante) de derechos humanos, cada vez más refinados o, si se quiere, más extensos: en cuanto se han reconocido las libertades básicas y los derechos fundamentales, las reclamaciones se orientan hacia grupos marginales, en cuya defensa se crean colectivos, sindicatos y agrupaciones que presionan sobre los políticos. Éstos, al principio, actúan a favor o en contra según les vaya en las encuestas, pero cuando las exigencias arraigan y se generan fuertes presiones, acaban por sucumbir y legislan ya sin tapujos: hay que favorecer a dichos grupos con gestos insistentes.

Y aquí entra la economía: las empresas se huelen que el movimiento reclamante, ya una pura inercia, presenta enormes posibilidades de ganancia, con lo que se asocian a él de modo inmediato y le prestan toda su estrategia: bombardeo de marcas y publicidad que disimule el lado sucio (la ganancia) de la operación y logre convertir la protesta inicial en actitud general de toda la parroquia. Se desemboca así, a fin de cuentas, en una ideología de amplio espectro que impone sin apenas oposición la corrección política, cuya exitosa subsistencia estará asegurada mientras produzca beneficios.

La corrección política de nuestro tiempo se asienta sobre columnas de cierto fuste: defensa de la identidad, respeto de la opinión, igualdad sexual, protección de niños, etc. Comprobada y asegurada la viabilidad económica del asunto, es necesario aunar fuerzas para conservar la bicoca, con lo que los medios de comunicación, los políticos, las asociaciones, la escuela y la cultura habrán de echar el resto. A tal respecto, uno de los instrumentos más útiles suele ser el lenguaje, que siempre ayuda a borrar la realidad y crear una nueva. Nuestro presidente, no se sabe si adrede o al albur, lo dijo abiertamente en la pasada Legislatura: las palabras han de estar al servicio de la política (es decir: al servicio de la economía). El aforismo está teniendo sus secuelas, más o menos estrambóticas, pero su acuñación refleja ya el afianzamiento de la corrección política.

La defensa de la igualdad sexual (derecho humano y, por tanto, grandísimo negocio) nos ha dado últimamente gentiles muestras del asunto. No sólo se ha creado un Ministerio para ello, cuya titular descuella por dos méritos fundamentales: hembra y joven, sino que la propia asume su responsabilidad y se agarra al lenguaje en sus primeros actos ejecutivos. Las palabras deben manejarse, pues, para cumplir los fines propuestos, por lo que resulta comprensible que reclame con total normalidad la aceptación de miembra. La violencia gramatical es tan fuerte y repentina que cuesta acostumbrarse, de ahí las protestas y sarcasmos suscitados. Pero hay ejemplos no menos violentos aceptados por el común y sancionados incluso por nuestros venerables académicos: jueza viene en el diccionario y los periódicos lo usan sin sonrojo.

El bochorno que pueda suscitar la escasa preparación filológica de Bibiana Aído no debe ocultar, en todo caso, lo que muchos abochornados prefieren no ver: una ideología dominante que se expande a través de instrumentos comerciales, entre los que siguen estando la imagen y la palabra. Los gobernantes enseñan sus cartas y nos asombran. Los asombrados prefieren ocultar que la corrección política les está llenando los bolsillos.

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