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Las declaraciones de testigos cercanos al gobierno municipal esteponero están siendo pieza clave para conocer el entramado piramidal de corrupción de la denominada ‘Operación Astapa’. Uno de estos testimonios determinantes ha sido el de la ex concejal del GIL, Marta Solís, hija del ex ministro de Trabajo franquista José Solís Ruiz. Según ha podido saber este diario, Solís se salió del Consistorio cuando sus superiores intentaron “utilizar todo tipo de estrategias para que colaborase en irregularidades urbanísticas a las que ella siempre se negó”.

Marta Solís fue concejala de Turismo y número dos del Partido de Estepona (PES) hasta el 30 de enero de 2005. “Renuncié a mi acta de concejal después de que el partido me exigiera que me reincorporara a los consejos de administración de las sociedades municipales. El motivo era, simplemente, que aceptar esa incorporación conllevaba una enorme responsabilidad por mi parte”. Manifiesta la ex edil a El Confidencial tras prestar ayer declaración como testigo en la ‘Operación Astapa’.

La ex edil llevaba como concejala de Turismo de la localidad esteponera desde el 1995. “Nunca pensé meterme en política”, comenta. “Empecé llevando temas de relaciones de imagen de la ciudad en la época de Jesús Gil Marín. Luego una cosa me llevó a la otra y después, cuando me ofrecieron el tema de la concejalía de Turismo, dije “¿y por qué no?”. Pensé que desde este departamento municipal se podían hacer muchas cosas buenas para esta bonita ciudad y acepté el cargo. De hecho, creo que se hicieron grandes proyectos de imagen en esa época para Estepona”.

Esta mujer presentó en enero del 2006 (época en el que la Fiscalía Anticorrupción empieza a investigar las presuntas irregularidades en el municipio), en el registro municipal, su dimisión “de todas sus responsabilidades de Gobierno”, pasando a formar parte de la oposición, como concejala no adscrita, ya que además abandonó su grupo político, el PES, liderado por José Ignacio Crespo.

Su oposición frontal a la política llevada a cabo por el tripartito Barrientos-Crespo-Montesinos es la causa de su dimisión. Concretamente, su oposición a la política urbanística que se estaba trazando. De hecho Marta Solís no asistió al último Pleno donde se aprobaron diversos convenios urbanísticos controvertidos y a la gestión de las empresas municipales de cuyos consejos de administración “dimitió en el 2005 por no estar de acuerdo”.

Esta decisión le costó enfrentamientos con los responsables del PES. En concreto, con su compañero en la época GIL, José Ignacio Crespo, que se encuentra declarando ante la juez Isabel Conejo tras su detención ayer. Un ex afiliado al PES de Estepona ha declarado a El Confidencial que “había una trama urdida por José Flores (jefe de gabinete de Antonio Barrientos, hoy detenido) y un tal Daniel Delgado de Valle Romano, afiliado a nuestro partido con la intención de controlar todo lo que le interesaba. La idea era que Marta Solís, a través de la posición que ocupaba, beneficiara a Valle Romano desde su posición. Uno de los motivos por los que Marta dejo la política”.

La detención de José Ignacio Crespo, el que fuera socio de gobierno de Antonio Barrientos, se produce después de que Marta Solís declararase ayer en las dependencias judiciales como testigo antes dos agentes de la investigación. “Evidentemente, las preguntas que me hicieron están bajo secreto sumarial. Pero me tomaron declaración dos mujeres muy preparadas que me trataron con absoluta exquisitez y yo colaboré en todo lo que me requirieron. Mi conciencia esta tranquila. Muy, pero que muy tranquila”.

Marta Solís señala que tanto ella como David Valadez fueron los dos ediles que se opusieron en aquel periodo a la política urbanistica pergeñada por Barrientos y su comitiva. A pesar que tanto uno como otro no han querido desvelar las conversaciones mantenidas con los agentes policiales, El Confidencial ha podido saber que entre los temas tratados en los interrogatorios han aparecido convenios urbanísticos del pasado mandato, cargas urbanísticas y expedientes como el de Nagore Inversiones, relativo al pago de 915.000 euros a la citada entidad por la ejecución de la remodelación de la Avenida Puerta del Mar.

El edil socialistas David Valadez, en continua línea de oposición con el alcalde, tal y como apuntó este diario en su edición del martes, contó a los agentes, al igual que Marta Solís con detalle cómo se trabajaba en el Ayuntamiento de Estepona. Entres otras puntualizaciones, destacaron que "la mayoría de las delegaciones municipales se financian irregularmente con dinero de empresas promotoras y que estas donaciones llegaban sin control ni fiscalización alguna”. Valadez, junto a otra concejala socialista, se ausentó de un pleno para evitar que se aprobara un convenio urbanístico que, según dijo, "no entra en los códigos éticos del PSOE".

Como ya adelantó El Confidencial, este acto le costó a Valadez, militante desde su mayoría de edad en el PSOE, la portavocía del grupo municipal socialista en noviembre de 2006.

Otro de los ex concejales que ha prestado declaración de la era del GIL es Víctor Sánchez Pinacho, que fue condenado el pasado 19 de abril por el Tribunal de Cuentas junto a otros cuatro ex ediles -entre ellos el detenido Crespo- a abonar 900.000 euros que gastaron sin que hubiera justificación en nueve sociedades municipales creadas por el GIL entre 1995 y 1999. Este concejal era partícipe de la empresa Gilmar, de la familia de Jesús Gil.

Tras las declaraciones de los testigos y del material incautado en la ‘Operación Astapa’, la Policía considera que la trama de corrupción desmantelada en el Ayuntamiento de Estepona estaba dirigida por un triunvirato en el que el alcalde de la localidad costasoleña, Antonio Barrientos, ocupaba la cima arropado por

su jefe de gabinete, José Flores, y el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, todos ellos detenidos por los agentes de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial que regenta José Luis Oliveras. Alrededor de estas personas, concejales, técnicos del Ayuntamiento, empresarios y también algunos abogados completaban la pirámide de corrupción municipal.

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