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Lo que le faltaba a una ciudadanía desmoralizada por los nubarrones de la crisis económica era un caso más de corrupción urbanística. Un nuevo episodio de malversación de la confianza que los ciudadanos depositan en sus representantes. Al margen del Código Penal, cuya aplicación también parece indicada en este caso, traicionar el mandato de los votantes es el peor baldón que podemos colgar en el historial de un político. El alcalde de Estepona tiene todas las papeletas para merecerlo.

Todos a la cárcel, como en la película de Berlanga, pero en esta ocasión no tiene ni puñetera gracia este lamentable fogonazo de la actualidad. El alcalde socialista de la localidad malagueña de Estepona, Antonio Barrientos, y veinticinco personas más, entre políticos, funcionarios y empresarios, durmieron esta noche en dependencias policiales. Cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obras. Nada original. Me refiero al medio de meter la mano en la caja de todos y utilizar la confianza pública para redondear el patrimonio privado.

Sin embargo, el cuadro quedaría incompleto sin el elogio de quienes, cumpliendo con su deber, han utilizado un similar depósito de confianza pública (sin urnas) contra quienes no la merecían (con urnas). Me refiero a los funcionarios policiales de la UDYCO (Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) y de la Fiscalía Anticorrupción. Dos instrumentos del Estado para combatir la delincuencia que, una vez más, como en la famosa operación Malaya, al parecer concomitante con ésta, calificada como operación Astapa, han demostrado unos altos niveles de eficacia.

Y además, aplauso no sectario (foreros, abstenerse) para la dirección del PSOE por haber decretado la inmediata expulsión del alcalde de Estepona. Desde las instancias de partido, al margen del horizonte judicial, no hay otra forma de aplicar la doctrina de la "tolerancia cero", recordada ayer mismo por Manuel Chaves, presidente del PSOE y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La misma doctrina que se aplicó en Ciempozuelos, cuyo alcalde también fue apartado rápidamente de de su partido por presunto cobro de comisiones, o en Carral (Alicante), cuyo regidor fue expulsado tras conocerse que había hecho la vista gorda en la proliferación de construcciones irregulares.

Si se me escapa algún otro alcalde socialista implicado en recientes casos de corrupción que no haya corrido esa suerte, pido disculpas de antemano y agradezco cualquier información en ese sentido. Lo advierto porque sí conozco casos similares de gobernantes del PP que, por estar acogidos a la doctrina de la "presunción de inocencia", han superado situaciones similares y, sin embargo, siguen ejerciendo como si tal cosa.

Veamos algunos casos, como el del alcalde de Totana (Murcia), José Martínez Andreo, detenido por la Guardia Civil a finales del año pasado por presunto tráfico de favores urbanísticos a cambio de cantidades millonarias. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se enfrenta a varios procesos judiciales por tráfico de influencias, fraude fiscal y falsedad. Siete presuntos delitos (malversación y cohecho, entre otros), recaen sobre el alcalde canario de Mogán, José Francisco González, detenido en la operación Góndola.

También sigue en su cargo el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, pese a estar imputado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y, en fin, ahí está también el caso del alcalde de Alhaurín el Grande, Martín Serón, detenido junto al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, implicados en una trama de corrupción urbanística (operación Troya), pero que nunca fueron apartados de su partido.

No me invento nada. Todo esto es de fácil comprobación. Se equivocarán quienes detecten intenciones maniqueas. La doctrina de la "presunción de inocencia" es muy respetable, pero personalmente prefiero la "tolerancia cero" para tratar a nivel de partido la corrupción de sus cargos públicos.

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