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Estamos inmersos en un período de cambio de ciclo económico cuyos detonantes críticos han sido, de un lado, las turbulencias financieras originadas por la elevada demanda de créditos hipotecarios y la creación desordenada de derivados financieros de alto riesgo por carecer de una base subyacente real. De otro, tenemos una situación de permanente encarecimiento de las fuentes primarias de energía, que está llevando el precio del petróleo a niveles superiores a los alcanzados en la última crisis de mediados de los años setenta.

En esta coyuntura, la energía se ha convertido en un elemento fundamental para el desarrollo y la competitividad que requiere de unas reflexiones sobre las implicaciones que pueden tener en el presente y en el futuro de nuestro país no hacer las cosas bien. Ya sabemos que España tiene unas debilidades energéticas estructurales importantes, entre las que se encuentran su elevada dependencia externa, del orden del 85%, así como la ineficiencia de las tarifas eléctricas. Ambos factores condicionan, a su vez, los compromisos de desarrollo sostenible y las decisiones que se tomen.

El caso es que el encarecimiento de los hidrocarburos está generando efectos de inestabilidad social sobre la actividad de la economía española en forma de presiones de determinados sectores económicos y, lo que es más importante, por la vía de introducir impulsos inflacionistas sobre un sistema económico donde la fijación de precios y salarios y la política presupuestaria, entre otros elementos, se ven automática y en muchos casos artificialmente afectados por ese alza de precios.

Y menos mal que el petróleo se paga en dólares porque con una paridad euro/dólar más equilibrada la situación sería ya inviable.

De esta manera, al componente de inflación de demanda, debido en parte a la existencia de unos tipos de interés excesivamente bajos, e incluso negativos en términos reales, y que ha generado un desequilibrio agregado de nuestra economía, se une ahora un componente de inflación de costes que dificultará aún más el control de los precios si no se actúa por la vía de flexibilizar el funcionamiento de los mercados para permitir un nuevo equilibrio.

En este contexto también se ha abierto el debate sobre la necesidad de acomodar los precios internos de la energía al coste de las materias primas y a las peculiaridades de nuestro sistema enérgico. En especial son destacables dos ámbitos de reflexión: el debate sobre la revisión de las tarifas eléctricas para el próximo trimestre, por lo pronto, y el debate sobre el coste del combustible para determinadas actividades productivas.

Si no se explica a la sociedad con claridad la realidad de nuestro panorama energético y con esas ideas claras no somos capaces de instrumentar los modelos y las señales en materia de energía, todas las trampas e indecisiones terminarán generando más inestabilidad económica y social y más incertidumbre para los consumidores, así como nuevas cargas sobre la competitividad de nuestro aparato productivo.

El nuevo marco de las tarifas eléctricas

La próxima revisión de las tarifas eléctricas se plantea en el contexto de una crisis económica, desconocida desde 1992, y donde una de las mayores preocupaciones viene por los riesgos inflacionistas inherentes a una coyuntura, que podría ser permanente, de elevados precios internacionales de las materias primas básicas.

Los aumentos propuestos, que se resumen en un anunciado 6% en términos de media y que se suman al 3% de enero, obedecen a la necesidad de hacer frente a los diferentes costes del sistema (de producción, renovables, de transportes y distribución, entre los principales), sin olvidar la urgencia de solucionar un déficit de ingresos de las actividades reguladas, que se sitúa por encima de 14.500 millones de euros y que no para de crecer.

Hoy por hoy, los mercados financieros no parecen muy interesados en acudir a una titulización del mismo, dadas las elevadas incertidumbres regulatorias en las que se viene moviendo el sector eléctrico (ver la subasta del 12 de junio).

Para entender por qué hay que hacer frente a este déficit en estos momentos tenemos que responder a las siguientes dos preguntas fundamentales: ¿por qué se ha originado el déficit? y ¿cómo se podría corregir?Este déficit se ha generado porque las tarifas se calculan con costes medios de producción y sin embargo en el mercado la energía se compra y se vende a precios marginales (es decir, fijados por el último megawatio vendido). Esta diferencia impide cubrir la totalidad de los ingresos reconocidos a las actividades reguladas (transporte y distribución). La eliminación de los costes de transición a la competencia (CTC’s) en 2006, ha agravado este déficit en varios miles de millones de euros.

A estas alturas y dado el volumen que ha alcanzado, sólo hay dos posibilidades lógicas para corregirlo –que no eliminarlo, para lo que se necesitarían reformas estructurales de gran calado- e impedir su tendencia creciente: o aumentar los ingresos del conjunto del sistema o reducir los gastos asociados al mismo. En términos prácticos, esto significa que:

(1) Se aumentan los ingresos que obtienen las empresas por el ejercicio de las actividades reguladas, lo que supondría aproximar la tarifa media al precio marginal del mercado. En este caso, las subidas de tarifa serían incluso superiores a las que hasta ahora ha propuesto la CNE.

(2) Se “limpian” de la tarifa determinados conceptos que obedecen a decisiones políticas ligadas a objetivos de interés general, como el desarrollo sostenible o la eficiencia energética, entre otros. Esta fórmula, no obstante, sólo supondría un traslado desde pagos por tarifa o pagos vía impuestos.

En todo caso, estas son soluciones temporales o “parches” que a medio plazo son insostenibles. Por ello se debería avanzar hacia un sistema más estable y abandonar de una vez por todo este período transitorio que dura ya más de una década.

Además de lo anterior, hay que explicar el porqué de otras novedades en el nuevo esquema tarifario que se inaugura a partir de julio y que primer las tarifas de alta tensión, modifica algunas tarifas, como la nocturna, y crea una nueva tarifa social y otra progresiva en función del consumo. Vayamos por partes y analicemos si todos estos cambios obedecen a razones de mayor eficiencia en el conjunto del sistema.

En relación con la supresión de las tarifas de alta tensión, medida que ya se adoptó hace tiempo y que ahora se hace efectiva, su objeto es ampliar la liberalización del mercado y fomentar que los grandes consumidores puedan negociar los precios de la electricidad con los comercializadores de la misma. Esta medida en sí misma es positiva para ganar en transparencia en la fijación de precios en el mercado eléctrico, y lo sería más si se viese acompañada por la misma transparencia en otros conceptos como los peajes por acceso a redes, el mayor desarrollo de los mercados a plazo o los mecanismos de gestión de la demanda, entre otros conceptos poco conocidos de las tarifas.

Sobre la modificación de tarifa nocturna, ésta es a todas luces una decisión ineficiente ya que va a penalizar a las familias más eficientes y concienciadas con el ahorro energético. Estos consumidores favorecen que se “aplane” la curva de la demanda y el coste de su electricidad es el más bajo, básicamente por ser de origen nuclear.

Es mayor aún su contrasentido cuando se quiere crear una tarifa social o imponer otras progresivas en función del consumo, sin tener en cuenta si dicho consumo se realiza en horas de punta o en horas de valle.

Por lo tanto, ninguna de las dos propuestas va a contribuir a aplanar la curva de demanda, eliminar restricciones, por lo que desde luego no se pueden considerar como eficientes.

Para mañana: ámbitos urgentes de actuación para cumplir los retos energéticos del futuro

Todo lo expuesto anteriormente, con ser importante y urgente a corto plazo, no debe hacernos olvidar que la política energética española tiene serios problemas estructurales que afrontar para cumplir los retos que en esta materia tiene por delante nuestro país en los próximos años. Ya llegamos tarde a decisiones en, por lo menos, los siguientes ámbitos de actuación:

a) El Mix de generación eléctrica. Se tiene que estar diseñando ya el mix de los próximos treinta años y se tiene que realizar teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

- Desde el año 2002 hemos aumentado nuestra dependencia del gas natural, en detrimento de los derivados del petróleo. Esto implica una necesidad de contar con la infraestructura suficiente para asegurar el funcionamiento de las plantas de ciclo combinado. El carácter cada vez más sustitutivo que tiene la electricidad y el gas refuerza esta necesidad.

- La sociedad debería conocer los costes y beneficios de cada tecnología de generación eléctrica, así como su contribución a la seguridad del suministro y sus impactos medioambientales para poder tomar decisiones equilibradas.

- Se tiene que valorar el poco explotado potencial de eficacia energética en los diferentes sectores y establecer los mecanismos de estímulos adecuados y transparentes para promover las inversiones correspondientes.

Un caso muy revelador de la incertidumbre y contradicciones actuales es lo que podría suceder en unos años en la zona central de España, prácticamente deficitaria en producción, si finalmente se decide cerrar las centrales, y no se permite la construcción de nuevas centrales de ciclo combinado, como está haciendo algún gobierno autonómico. Los argumentos de unos, el último es que no hay agua, y de otros, que es mejor una buena red de distribución, son buenos ejemplos de esta miopía irracional y partidista de nuestros gobernantes en los asuntos de energía.

b) Transparencia e información sobre los costes de la energía. Los consumidores tenemos derecho a conocer los costes de las decisiones políticas en materia energética y los costes derivados de la actividad empresarial de producir y suministrar energía. Por ejemplo, si la sociedad española decide que en España no se va a producir energía nuclear, o que nuestro país importe la nuclear de Europa o incluso de África, y que prefiere la energía de origen renovable, tiene que saber que eso tiene un coste, bastante elevado, por cierto, y hay que pagarlo antes o después. Pero primero necesita conocer sin trampas ni demagogias simples las opciones, las ventajas y los inconvenientes.

c) Situación geoestratégica de España. Considerando la importancia creciente del gas natural en la producción de electricidad, en la industria y en los hogares, debemos aprovechar nuestra situación geoestratégica para convertirnos en el centro de referencia (o hub) del sur de Europa. Ello nos abrirá con toda seguridad las puertas a las conexiones europeas y aumentaría nuestra importancia relativa en el escenario internacional en materia energética.

d) Además, se debe estudiar la naturaleza como servicio público de la infraestructura de transporte de electricidad y de gas, y diseñar los mecanismos de financiación de la misma a nivel nacional, en base a las necesidades de interés general y por supuesto con recursos públicos, como ya se hace con las carreteras o las redes ferroviarias o las obras hidráulicas. Además, en materia de redes de transporte y distribución, es importante señalar la conveniencia de que éstas se adapten a la oferta y la demanda, y no al contrario.

e) El papel de los organismos reguladores y gestores. Finalmente, es absolutamente imprescindible disponer de unos organismos supervisores y reguladores que sean realmente independientes del poder político y cuya principal misión sea vigilar técnicamente el funcionamiento de los mercados, denunciar y sancionar los abusos e ineficiencias y actuar con las máxima transparencia. La próxima renovación de la CNE es una buena oportunidad de pasar del dicho, que tienen todos los partidos recogido en su programa, al hecho.

Lo mismo se puede decir de las empresas encargadas de la gestión de los sistemas y las grandes redes de electricidad y gas. Su funcionamiento ha ganado en eficacia en los últimos años, pero muchos nos preguntamos si su integración actual en el sistema, fundamentalmente para garantizar la neutralidad y la transparencia en el acceso a las redes, y sus sistemas retributivos son susceptibles de alguna mejora.

En esta nota se han apuntado algunas reflexiones, pero la más importante es tener en cuenta que la energía es un bien básico y estratégico que tiene que colaborar a que el proceso de crecimiento y bienestar de los españoles siga avanzando. Los diferentes gobiernos deben ser conscientes de que las dos variables que más incidencia pueden tener en el desarrollo son las restricciones al crecimiento y la iniciativa empresarial.

Eliminar las primeras y fomentar la segunda son pues sus tareas fundamentales, también en materia de energía.

*José María Cuevas ha sido presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

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