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 El músico Antonio Carmona (Efe).

La industria musical y audiovisual, junto con las grandes entidades de gestión de derechos de autor, unidas en lo que llaman La Coalición, han iniciado esta semana una intensa campaña para exigir al Gobierno que luche contra las descargas de música, películas, series y videojuegos en Internet. La Coalición considera que España es “un paraíso para la descarga ilegal”, y ha difundido un estudio en que cifra el número de españoles “piratas” en 11.480.000. Es decir, que el 33% de la población, a partir de 16 años, descarga contenidos gratuitamente de la Red o compra en el llamado ‘top manta’.

El prototipo de “pirata”, de acuerdo con el estudio elaborado por Gfk Emer Ad Hoc Research, sería un hombre joven, de clase media y con un hogar bien equipado. Concretamente, el 58% de los internautas que descargan contenidos son hombres, dos de cada tres tienen entre 16 y 34 años, un 44% pertenece a la clase media, y un 29% a la clase media-alta o alta. En cambio, los compradores del ‘top manta’ pertenecen en un 35% a la clase baja o media-baja, y un 14% son extranjeros.

Las entidades de gestión SGAE y EGEDA, los productores musicales asociados en Promusicae, los distribuidores videográficos y cinematográficos de ADIVAN y ADICAN, y la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) reclaman al Ejecutivo un cambio legislativo que garantice lo que denominan lucha contra la piratería, así como un acuerdo con las empresas proveedoras de Internet para que eviten las descargas y el intercambio de archivos P2P. La Coalición culpa a estas prácticas de la caída de un 25,68% que ha sufrido el mercado discográfico en España entre 2006 y 2007, y advierten que el sector creativo aporta un 3,5% al PIB. “La competencia desleal impide la realización de proyectos creativos y lleva a la quiebra a empresas medianas y ya consolidadas”, afirman estas asociaciones en un comunicado.

El músico Antonio Carmona, ex del grupo Ketama, se lamentó ayer, en un acto de La Coalición celebrado en el Instituto Cervantes, por “la situación que atraviesa la industria de la música y las reducciones de plantilla que está sufriendo”. Carmona llegó a relatar que se había encontrado con un ex directivo de una discográfica trabajando de taxista por el daño que la piratería había causado al sector. También en este acto, las entidades coaligadas leyeron un manifiesto en el que denuncian “la impunidad con la que se roba nuestro trabajo”. “Vivimos la indiferencia con la que la clase política elude su responsabilidad, a la vez que acude con oportunismo a actos donde se alaba la importancia de la cultura para nuestra sociedad y utilizando así la notoriedad que los medios de comunicación otorgan a nuestros estrenos, presentaciones o premios”, criticaron.

Cambio de modelo

Sin embargo, los colectivos de internautas rechazan que se criminalice a una gran parte de la población por compartir archivos con su ordenador. Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, afirmó a este diario que se debe perseguir a quien se lucre con la descarga de archivos, pero no al usuario común, ya que al final ese intercambio “revierte en beneficio de los creadores, como sucede cuando se radia una canción en la radio”. Pérez recordó que con los cambios tecnológicos “siempre hay empresas que sufren, como las salas de cine con la llegada del DVD”, pero aseguró que siempre acaban por generar una mayor demanda de contenidos.

Según Pérez, es “incuestionable que el contenido ha perdido valor”, por lo que abogó por nuevos modelos de negocio, como el merchandising, los conciertos, la inclusión de publicidad en las descargas, o servicios de pago para televisión e Internet que ofrezcan mayor calidad y rapidez. “Internet permite que afloren contenidos de forma espontánea, que el creador sea el propio usuario, sin intermediarios y la industria quiere seguir controlando con sus reglas este nuevo mundo”, manifestó el presidente de la AUI. En cuanto a las cifras sobre piratas que sostiene La Coalición, Pérez aseguró que el intercambio de archivos sin ánimo de lucro es legal, y rechazó de plano que en España haya 12 millones de delincuentes.

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