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La ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) parece cada vez más cercana, después de que la Sala Especial del Tribunal Supremo encargada de aplicar la Ley de Partidos empezase ayer a tomar declaración a los más de 100 testigos del proceso. Si la sentencia, que se hará pública antes de agosto, falla en contra de la formación radical, los grandes beneficiados pueden ser el PNV y Juan José Ibarretxe, que tendría vía libre para adelantar las elecciones autonómicas y apelar, ya sin la participación en los comicios de la izquierda abertzale, al voto útil nacionalista que le permita alcanzar la mayoría absoluta.

Cuando faltan sólo 10 días para que el Parlamento vasco debata el proyecto de ley del lehendakari para celebrar el próximo otoño un referéndum de autodeterminación en el País Vasco, el Tribunal Supremo ha allanado, sin pretenderlo, el camino a la estrategia de Ibarretxe. Pese a que éste insiste en su desafío al Estado y asegura que convocará la consulta aunque el Gobierno la paralice en el Tribunal Constitucional, lo cierto es que hasta en las propias filas del PNV se reconoce que finalmente no habrá referéndum, y que, a cambio, el lehendakari adelantará las elecciones autonómicas previstas para la próxima primavera, que plantearía entonces como un plebiscito a su proyecto soberanista.

La vista pública sobre la ilegalización del PCTV y Acción Nacionalista Vasca (ANV) arrancó ayer en el Supremo con la declaración de los primeros testigos de los más de medio centenar propuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, todos ellos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que elaboraron los informes en los que se basa la demanda de ilegalización. En la vista, que se prolongará hasta el próximo día 24, comparecerán también como testigos los policías que registraron las oficinas del PCTV en Usúrbil (Guipúzcoa) el pasado 5 de octubre. En ese registro fue encontrada documentación que, supuestamente, demostraría que el PCTV realizó transferencias desde sus cuentas bancarias a miembros de la Mesa Nacional de Batasuna por valor de 27.000 euros, y que ese local fue cedido por el PCTV a la formación ilegalizada para celebrar reuniones clandestinas de sus miembros. En definitiva, lo que la Fiscalía y la Abogacía del Estado tratan de demostrar es que tanto ANV como el PCTV son meros continuadores de la ya ilegalizada Batasuna.

Caladero de votos

Si la sentencia -que se dará a conocer a finales de julio, según fuentes del Supremo- estima la demanda de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y declara ilegal al PCTV, éste no podrá presentarse a las próximas elecciones autonómicas vascas y perdería los nueve escaños que ahora tiene en el Parlamento de Vitoria. De esta forma, Ibarretxe podría pescar en el caladero de votos de la izquierda abertzale -ya que ésta se quedaría sin representación en las urnas- y soñar con alcanzar la meta de la mayoría absoluta gracias al probable trasvase de sufragios. En ese escenario, el lehendakari se sentiría libre de ataduras para llevar hasta el final su pulso al Estado.

Es cierto que una buena parte del voto radical podría refugiarse entonces en la abstención, y que no se puede descartar que la izquierda abertzale se presente a los comicios bajo el paraguas de unas nuevas siglas, aunque este último objetivo se antoja cada vez más inalcanzable, por la creciente dificultad que entraña elaborar una candidatura blanca cuyos integrantes no hayan tenido vinculación alguna con Batasuna o cualquiera de sus diferentes marcas electorales.

Pero, incluso aunque se dieran ambas circunstancias, Ibarretxe confía en poder rebañar un buen puñado de votos entre el electorado más radical. Hay precedentes que alimentan sus cálculos. En 2003, el PNV y Eusko Alkartasuna (EA), que se presentaron en coalición, obtuvieron los mejores resultados alcanzados por el nacionalismo en unas elecciones municipales: casi 400.000 votos y más del 35% de los sufragios. La explicación de ese éxito no admite muchos matices: la izquierda abertzale, tras la ilegalización de Batasuna, no pudo concurrir a aquellas elecciones, y una parte de sus votos fue a parar a la coalición PNV-EA. Pero sí lo hizo en las anteriores municipales, celebradas en 1999, bajo la marca de Euskal Herritarrok, y el escrutinio fue bien distinto: los nacionalistas sólo obtuvieron 264.000 votos, y la formación radical cosechó nada menos que 228.000 apoyos.

Aun en el caso improbable de que la izquierda abertzale lograse sortear todos los filtros y presentarse a las próximas elecciones autonómicas bajo el disfraz de unas nuevas siglas, también existen precedentes que juegan a favor de Ibarretxe: en los comicios autonómicos de 2001 el nacionalismo vasco obtuvo, con más de 600.000 votos, sus mejores registros. Y lo hizo gracias al desplome electoral de la izquierda abertzale, que perdió siete escaños, seis de los cuales fueron a parar a la coalición PNV-EA.

Pero el lehendakari también deberá sopesar otras circunstancias, todas ellas sobrevenidas, cuando convoque las elecciones. En primer lugar, las crecientes expectativas del PSE, que logró unos resultados históricos el pasado 9-M, y que aspira a desplazar a Ibarretxe y poner en su lugar al candidato socialista, Patxi López. En segundo lugar, el previsible desplome de IU-EB, socio de gobierno del PNV y cuyos votos resultarían imprescindibles para alcanzar la mayoría absoluta. Y, por último, la incógnita que representa el PP tras la crisis desatada por la marcha de su presidenta en el País Vasco, María San Gil.

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