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La crisis empieza a pasar factura a Zapatero. Dos encuestas apadrinadas por medios de comunicación de signo político contrapuesto confirman el desgaste del Gobierno. El caos televisado de los últimos días ha sido el detonante del malestar derivado de la crisis. Lo que ha hecho la huelga del transporte, suspendida de momento, es llevar a los telediarios el cabreo de la gente. Eso no había ocurrido antes. Hasta que los camioneros pusieron vinagre en la herida, que ya sangraba en las hipotecas, el precio de productos básicos y las dificultades de las familias para llegar a fin de mes.

Lo demás se disparó por el efecto multiplicador de la protesta de los transportistas. Y por el impacto de los sectores concernidos (distribución, industria agroalimentaria y componentes industriales, básicamente) en el sistema productivo general. Nada menos que un 15 % del PIB (Producto Interior Bruto), según cálculos de los expertos. Su escenificación: desabastecimiento, obras paralizadas, descenso de ventas, despidos temporales en muchas empresas por falta de actividad, maniobras especulativas que ayer pusieron por las nubes el precio de los productos que más escasearon, etc.

Todo lo cual, extraído de los recientes acontecimientos (bloqueo de carreteras, aeropuertos, mercados centrales, etc.), nos pone en la pista de una doble moraleja. Por un lado, la política. Algo parecido al síndrome del piloto borracho que viene padeciendo un ciudadano harto de preguntarse: ¿De verdad el Gobierno o alguien del Gobierno está controlando realmente la situación o vamos derechitos hacia un agujero negro? Por otro, la actuación concreta de un sector minoritario de los transportistas, el que mantuvo las movilizaciones hasta ayer mismo: ¿Es tolerable convertir a todos los ciudadanos en rehenes de sus reivindicaciones sectoriales, por muy justas que pudieran ser éstas?

Respecto a la actuación del Gobierno, bien en el ejercicio de la firmeza para asegurar el orden público, así como garantizar la libre circulación de personas y mercancías. Pero mal en su forma de gestionar la inmersión del país en la crisis económica de la que, insisto, la huelga de los camioneros solo ha sido un detonante, una especie de precursor retransmitido en directo para todos los hogares a la hora de comer. Ni Zapatero ni Solbes están justificando el depósito de confianza recibido en las urnas. Ni en la toma de medidas, difusas y cargadas de condicionantes, ni en la explicación de lo que pasa y lo que puede pasar en adelante. La doctrina oficial apenas va más allá del mero voluntarismo y el camuflaje semántico. Por tanto, tiene lógica la caída del PSOE en las encuestas.

Y, finalmente, en cuanto a las protestas de los camioneros, han desbordado los límites de lo tolerable. Al menos lo de los últimos dos o tres días no ha sido la crónica de una huelga sino la de una extorsión a la ciudadanía. Ayer las patronales Fenadismer, Confedetrans y Antid anunciaron "suspender temporalmente el paro indefinido" (o sea, un paréntesis, según el comunicado), justificando su decisión en la necesidad de "no ocasionar más perjuicios a la economía del sector".

Han acusado una lamentable falta de reflejos en la redacción del comunicado. Pudieron haber precisado que con la suspensión temporal de la protesta en realidad se trata de no ocasionar más perjuicios, no a la economía del sector sino a la economía nacional, amén de los ya causados, como desdichado balance de sus protestas. Y, a pesar del enorme daño inferido al sistema productivo, como queda explicado al comienzo de este artículo, ellos ni siquiera han conseguido más de lo que han conseguido precisamente las organizaciones del transporte que no se sumaron a las movilizaciones ¿No es absurdo?

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