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La Plataforma para la Defensa del Transporte, la última asociación que mantenía la convocatoria de paros, anunció este martes que abandona las protestas que inició el pasado 6 de junio. De esta forma se cierran, al menos de momento, unas movilizaciones que han costado la vida a un miembro de un piquete, han provocado desabastecimiento en comercios y gasolineras, han generado pérdidas millonarias en varios sectores económicos y han colapsado carreteras, fronteras y puertos.

El anuncio de la Plataforma, que agrupa a transportistas autónomos, se suma a la decisión de Fenadismer, Antid y Cofedetrans, que anunciaron el lunes la "suspensión temporal" del paro que habían convocado de forma indefinida desde el pasado 9 de junio, fecha en la que se generalizaron las protestas. Asimismo, Fenadismer anunció la suspensión de la manifestación que tenía prevista celebrar este miércoles en Madrid en defensa del sector, aludiendo a "motivos de seguridad".

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, celebró la decisión de Fenadismer de suspender la manifestación y recordó que el paro solo fue apoyado por "un 15 por ciento" del sector y, por lo tanto, no representa a la totalidad de los transportistas. La titular de Fomento reconoció que el sector está atravesando "dificultades", pero aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a llegar a "todas aquellas soluciones que resulten necesarias".

Reunión entre Gobierno y transportistas para evaluar los acuerdos

Álvarez explicó que el Gobierno se reunirá en los próximos días con los representantes de los transportistas para desarrollar y evaluar la utilidad de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Fomento y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).

El presidente de la Plataforma para la Defensa del Transporte, Manuel Muñoz González, aseguró que la decisión de la organización de desconvocar el paro se debe al "estado de sitio" creado por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado". Las organizaciones convocantes del paro exigían la fijación de una tarifa mínima para compensar las subidas en el precio del crudo, condición que el Gobierno rechazó por considerarla contraria al libre mercado.

El Ejecutivo, a quien los transportistas convocantes del paro acusaron de haberles "criminalizado", acordó un total de 54 medidas con las asociaciones que se negaron a unirse a la protesta, que, según el Gobierno, representan a aproximadamente el 85 por ciento del sector. Estas medidas, que implican a siete ministerios, tienen como objetivo superar las dificultades que atraviesa el sector por la escalada del precio del gasóleo y la caída de la actividad productiva.

En materia fiscal, se bonificarán las cuotas de este año del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), se reducirá el impuesto sobre las primas de seguros, se agiliza la devolución del IVA y se incrementan las dietas exentas de tributación en el IRPF. Además, se promoverá la defensa ante la UE del gasóleo profesional, así como el establecimiento de una fiscalidad de los carburantes que permita a las empresas españolas mantener su competitividad.

También habrá una reducción de los costes de cotización y de gestión ante la Seguridad Social, con aplazamiento y reducción de las cotizaciones y facturación directa para ahorrar costes de gestión.

El paro de los transportistas se ha saldado con la muerte de un miembro de un piquete en Granada y un herido por quemaduras en Alicante, cuyo camión resultó incendiado, así como con numerosos incidentes y más de un centenar de detenciones por los cuerpos de seguridad del Estado.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) calcula que el paro ha provocado unas pérdidas de más de 150 millones de euros para el colectivo de agricultores y ganaderos.

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