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A la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, no le bastará encomendarse a la alcaldesa de Morón, que es María Auxiliadora por decisión del atrabiliario alcalde Morilla, si quiere poner remedio al caos ocasionado por la huelga de los camioneros. Tampoco la goleada de ayer a Rusia, en el debut de España en la Eurocopa, nos permite a gobernados y gobernantes apartar la vista del piquetero atropellado y muerto ayer en Granada.

Huelguista contra conductor de una humilde furgoneta de reparto en los aledaños de Mercagranada. Las referencias periodísticas dicen que el conductor pisó el acelerador cuando el huelguista, miembro de un piquete "informativo", se encaramó a la furgoneta para explicarle los motivos del conflicto. Luego se golpeó con la mediana de la carretera y fue arrollado por el vehículo. Es el parte oficial del suceso. Pero si descontamos el camuflaje semántico, tan en boga, toparemos con la real e incómoda versión de un piquetero que pretendía detener la marcha de quien libremente había decidido trabajar y no sumarse a las movilizaciones agitadas por dos grandes patronales del transporte de mercancías.

Desdichado el piquetero, ahora muerto, y desdichado el conductor de la furgoneta, detenido y puesto a disposición judicial. Ambos son víctimas -sí, víctimas, uno y otro-, de una situación desaforada en la que, una vez más, los ciudadanos son rehenes de unas reivindicaciones sectoriales. Como si el conjunto de los ciudadanos no tuviera bastante con estar encañonados por el encarecimiento general de los productos básicos -incluido, claro, el de los combustibles-, el coste de las hipotecas y la amenaza del paro.

La primera gran escenificación del malestar social que se viene fraguando durante los últimos meses a consecuencia de la crisis económica ya tiene un muerto. Palabras mayores. Nos remiten a los efectos de una huelga con enorme poder desestabilizador, la flojera del Gobierno a la hora de garantizar el orden y, sobre todo, el derecho a trabajar en un sector tan atomizado como éste, donde es imposible que coincidan los intereses de las grandes flotas de camiones con los autónomos o pequeños propietarios que se ganan la vida a base de trabajos puntuales del transporte urbano o de corta distancia por carretera.

Una huelga siempre es conminatoria. Ese es el resorte de su eficacia en orden a conseguir sus demandas. Pero cuando el resorte se aplica indiscriminadamente, por afectar a servicios públicos y derechos básicos, como la libre circulación o el acceso a productos de consumo diario, estamos en el umbral de la extorsión. Entonces a los huelguistas les cae encima la ira de los ciudadanos. Que pregunten a quienes ayer entraron en las ratoneras estratégicamente dispuestas en distintos puntos de España.

Más allá del respeto que merece Julio C. Soto, el 'piquetero' muerto en Granada por la brusca reacción de un conductor airado, los huelguistas han perdido la complicidad que pudo haberle dispensado inicialmente la opinión pública. La de ayer fue una jornada para olvidar en puertos, mercados, fábricas, carreteras y pasos fronterizos. Y, con las negociaciones entre huelguistas y Gobierno interrumpidas por el luto, aún no estamos ni mucho menos libres de la pesadilla.

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