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La brusca subida del euríbor volvió a disparar el precio de las hipotecas y, como ocurrió días antes con la inflación, el insólito subidón del paro en un mes de mayo (sin precedentes en una potencia turística como España) y la tasa de crecimiento a la baja (previsión OCDE), los anuncios del Gobierno volvieron a quedar pulverizados. Es la historia de estos últimos ocho o nueve meses precursores del malestar social.

Aunque ya le hemos oído decir a Solbes, por primera vez, eureka, que la situación es "grave", la doctrina de Moncloa no acaba de descolgarse del camuflaje semántico y el voluntarismo de Zapatero. Hasta el sindicato hermano, UGT, le acaba de pedir "mayor contundencia" contra una crisis económica que este fin de semana llegó a los telediarios. Ya no se trata de animados debates sobre galgos o podencos en el Parlamento o los medios de comunicación. Ahora ya empieza a ser un verdadero ruido de cacerolas porque planea el fantasma del desabastecimiento.

Miles de camioneros pueden dejar las carreteras solo a disposición de los ciclonudistas. Otra luz roja se ha encendido en el cuadro de mandos de Zapatero por efecto de las movilizaciones de los transportistas. No todos, pero suficientes para colapsar el tráfico de mercancías. Lo hicieron puntualmente este fin de semana con el corte de algunas carreteras y están en huelga indefinida desde esta madrugada. La causa es el precio del carburante (el litro de gasóleo cuesta casi el doble que hace un año), que ya había puesto en pie de guerra a campesinos y pescadores.

El problema tiene difícil arreglo porque el Gobierno tiene muy escasa capacidad de maniobra. Primero, porque el precio del gasóleo depende del mercado internacional. Y segundo, porque ya existe un amplio régimen de ayudas al gasóleo para agricultores, pescadores y transportistas (exenciones fiscales, ayudas directas, creación del "gasóleo profesional", deducción por inversión en vehículos ecológicos, etc.). Poco más podrá hacer el Gobierno que unirse a otros países para concertar ayudas paliativas de la UE o colaborar con los transportistas en la adecuación de precios a costes, como ayer sugirió el director general del Transporte, Juan Miguel Sánchez, la única voz oficial que hemos escuchado en relación a la huelga indefinida del transportes por carretera que comenzó esta madrugada.

Una huelga de este sector siempre tiene efectos multiplicadores. Sobre todo, por su capacidad para hacer visible un malestar latente. Nadie distinguirá entre desabastecimiento y penuria de bolsillo si se instala en la opinión pública el síndrome de la despensa vacía. Y la prueba del miedo al desabastecimiento es esa especie de gabinete de crisis que se ha constituido en Moncloa con representantes de varios ministerios.

Pero hay pruebas más vivas, más calientes, de la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en los próximos días, o semanas, pues los convocantes de la huelga dicen que el conflicto será "largo y duro". Ahí están las colas de ayer en las gasolineras y las discretas operaciones de última hora por llenar las estanterías de las grandes superficies.

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