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La pasada legislatura estuvo marcada por un intenso proceso de diálogo social entre el Gobierno y CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, que se inició con la firma, el 8 de julio de 2004, de la Declaración para el Diálogo Social “Competitividad, empleo estable y cohesión social”. Esta declaración delimitaba el ámbito del diálogo y la concertación y definía objetivos, orientaciones y materias, partiendo de la premisa del diálogo social como prioridad de la legislatura. De este modo, desde 2004 se ha desarrollado con más intensidad si cabe, la senda de los últimos 25 años.

Al final de la legislatura, los trece bloques temáticos que la Declaración delimitaba como objeto de debate y acuerdo pueden entenderse prácticamente cerrados. Así lo pone de manifiesto la veintena de Acuerdos que se han alcanzado, de forma bipartita en unos casos y tripartita en otros, en materias de gran relevancia y complejidad. Destaca por su trascendencia el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo, el acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social y el Acuerdo sobre acción protectora de la atención a las situaciones de dependencia.

Los Acuerdos alcanzados aún no han desplegado todo su potencial y virtualidad, quedando además pendientes algunas cuestiones recogidas en los mismos y en su plasmación normativa.

Es preciso evaluar el impacto de las medidas impulsadas para adoptar en el futuro, si resultasen necesarias, medidas suplementarias, dentro de ese proceso de adaptación permanente de nuestro marco normativo en materia sociolaboral en el que se encuentran enmarcados los acuerdos alcanzados.

La experiencia aconseja una política de reforma permanente del mercado de trabajo aunque sea a través de pequeños pactos que, por otro lado, tienen la virtualidad de actuar sobre la base del ensayo/error, de modo que a la vista de sus resultados puedan introducirse correcciones.

Habitualmente las grandes reformas han llevado emparejada una conflictividad que en ocasiones ha determinado su marcha atrás por la presión social o no ha sido posible su aplicación inmediata en el día a día de las empresas.

¿Qué papel ha de jugar el diálogo social en la actual coyuntura económica?

No existe una postura uniforme. Algunos señalan que, si la anterior fue la legislatura del diálogo social, ésta debe ser la del diálogo político. Más allá de esa disquisición, puede aportarse como dato objetivo el hecho de que, en el mes de febrero pasado, en plena campaña electoral, el secretario general del PSOE ofreció a los interlocutores sociales, si ganaba las elecciones, un gran acuerdo social en el plazo de 100 días a partir de su investidura. A día de hoy no se tienen nuevas noticias.

En lo que sí parece que existe consenso entre Sindicatos y Empresarios es en que, dado el origen de la actual coyuntura económica, nuestra actuación debería ser de “acompañamiento” a otras medidas en el terreno económico. Es decir, el diálogo debería centrarse en el desarrollo de cuestiones pendientes, algunas de gran calado económico y con repercusión en el empleo como el desarrollo de la Ley de Dependencia, la puesta en marcha de unos Servicios de Empleo eficaces y abiertos a la iniciativa privada, o la potenciación de la formación profesional.

Son éstas cuestiones que por sí solas no afrontan las causas de la crisis pero contribuyen, sin duda, a amortiguar sus efectos.

Abordar, en cambio, “la gran reforma”, aparte de los factores de coyuntura en el ámbito político y organizativo, requeriría modificaciones legales de amplio calado y retrasaría, al menos dos años, su aprobación con efectos pretendidamente beneficiosos en el largo plazo. Si al actual deterioro económico le añadimos conflictividad social vinculada a estas reformas, el panorama es desalentador.

Por tanto, el eje de las actuaciones no debe ponerse en llevar a cabo lo que habitualmente se conoce como la “gran reforma”, sino que deben aprovecharse y dejar que desplieguen todo su potencial las reformas llevadas a cabo recientemente, sin perjuicio de las adaptaciones precisas en cada momento.

Las prioridades de la legislatura actual

Desde esta perspectiva general, deberían abordarse una serie de prioridades en el ámbito sociolaboral durante la presente legislatura, entre las que destacan por su importancia las siguientes:

1. Mejorar los sistemas de educación y formación, prestando especial atención a la promoción de su calidad, a la reducción del abandono temprano de la escolaridad y al fomento de la formación profesional, siendo preciso impulsar la colaboración entre el mundo empresarial y el educativo.

Por lo que se refiere a la inversión de las empresas en la formación de sus trabajadores, resulta necesario intensificar los incentivos, adecuando sus cuantías, facilitando su aplicación y apoyando y asistiendo a las PYMES en la utilización de los mismos.

2. Los retos a los que se enfrenta nuestro sistema productivo exigen centrar los esfuerzos en las políticas dirigidas a reforzar la capacidad de reorganización y adaptación de las empresas, impulsando fórmulas que combinen flexibilidad y seguridad en línea con los planteamientos que está haciendo suyos la Comisión Europea en el Libro Verde sobre la modernización del derecho laboral.

3. En esta dirección se debería reforzar la eficacia de las políticas activas de empleo, mejorando el funcionamiento y complementariedad de los Servicios que actúan en este ámbito, abriendo la intermediación y recolocación a la iniciativa privada, siendo además fundamental la coordinación entre los diferentes servicios de empleo autonómicos.

4. Asimismo es primordial no perjudicar la competitividad, el crecimiento y el empleo con mayores cargas de las empresas. La evolución de los costes laborales y la fijación de los salarios deberían ser acordes con las exigencias impuestas por la competencia internacional y la coyuntura económica.

Por su incidencia en los costes sociales empresariales debe prestarse especial atención al incremento del gasto en incapacidad temporal por contingencias comunes, principal causa de absentismo laboral, debiendo impulsar medidas para mejorar la gestión y el control de la prestación derivada de dicha contingencia. Esta es una preocupación constante del mundo empresarial por lo que significa su perdida de productividad. Para dar una idea de su relevancia, a título de ejemplo, las horas de trabajo perdidas por absentismo en el sector de la automoción en 2006 equivalen a las horas de producción de 200.000 turismos.

5. Por último hay que destacar que el mantenimiento y la creación de empleo constituyen las mejores garantías para la viabilidad de nuestro sistema de protección social. Debe mantenerse su actual configuración, y a ello deberá coadyuvar el refuerzo de los principios de contributividad, solidaridad y caja única del Sistema al tiempo que se avanza en las reformas graduales que favorezcan su sostenibilidad financiera. El tratamiento futuro del Fondo de Reserva de la Seguridad Social también deberá figurar en la agenda política y social.

Todas estas prioridades deben enmarcarse dentro del diálogo social, consolidándolo como uno de los activos más importantes de nuestro modelo de relaciones laborales, lo que podría llevar a definir una agenda de materias a abordar a lo largo de la legislatura y reforzar la función de los interlocutores sociales en cuanto protagonistas del diálogo social y su implicación y participación en la vida económica y social del país, como proclama el artículo 7 de la Constitución Española.

*José María Cuevas ha sido presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.

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