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Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy la directiva de retorno de inmigrantes ilegales, que establece criterios mínimos comunes en los Veintisiete países comunitarios, entre ellos un internamiento de hasta seis meses ampliable a 18 si hay problemas de identificación.

El Consejo de Ministros aprobó el texto en el inicio de la sesión de este jueves, informaron fuentes comunitarias. La presidencia eslovena de turno confió en que el Parlamento Europeo, que tiene poder de codecisión, apoye el texto en primera lectura sin aprobar enmiendas, añadieron las fuentes.

La Eurocámara tiene previsto debatir el próximo día 17 esta legislación, que ha generado controversias en buena parte de los grupos políticos y eurodiputados. La secretaria de Estado española de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, recalcó hoy a su llegada al Consejo la opinión del Gobierno acerca de que la directiva "es equilibrada, garantista y armónica" a la hora de conjugar la lucha contra la inmigración ilegal y el respeto por los derechos humanos.

Rumí destacó que la nueva norma "pone unos mínimos donde no existían, hay países donde no existían esos mínimos", y consideró que los aspectos más discutidos en el Consejo durante las últimas semanas han quedado al final "bastante razonables". El texto establece un período de salida voluntaria de los indocumentados de siete a treinta días.

También se fija un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales para los indocumentados que no cooperan o cuando hay problemas para obtener la documentación de países terceros. Nueve países -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que éstos pueden estar internados de forma indefinida.

La directiva entrará en vigor dos años después de su publicación en el diario oficial de la UE, es decir a mediados de 2010 si es aprobada por la Eurocámara. El mecanismo acordado sobre la asistencia jurídica entrará en vigor tres años después de la entrada en vigor.

Este mecanismo, cuya discusión retrasó la aprobación del texto, prevé que la asistencia jurídica sea gratuita según estipulen las leyes nacionales, y la ayuda gratuita en las apelaciones a las decisiones de expulsión solo se daría cuando hay posibilidades reales de éxito y tendría límites de tiempo y de cantidad económica. Otro elemento es que la Comisión Europea se compromete a desbloquear dinero del Fondo de Retorno de inmigrantes ilegales para financiar esta asistencia jurídica en los países que lo requieran.

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