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José Bono incumple el Código de Buen Gobierno aprobado en 2005 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que obliga a dar el tratamiento de "señor" o "señora" a los ministros, secretarios de Estado y otros altos cargos, eliminando términos tan gastados y ceremoniosos como "excelentísimo" o "ilustrísimo". Pero el presidente del Congreso, que ya expresó sus reticencias a esa norma cuando ocupaba la cartera de Defensa, sigue empeñado en conceder el rancio tratamiento de "excelentísimos" a los miembros del Gobierno en todos los actos y documentos oficiales de la Cámara Baja.

El orden del día de la sesión parlamentaria de control al Gobierno celebrada ayer en el Congreso recoge, entre las 31 preguntas formuladas por los distintos grupos a los miembros del Ejecutivo, la siguiente: "Pregunta del diputado D. Josu Iñaki Erkoreka, del Grupo Parlamentario Vasco, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿No piensa dar cumplimiento ni tan siquiera a los compromisos públicos adquiridos por su partido en relación con el autogobierno vasco?". O esta otra: "Pregunta del diputado D. Ramón Moreno, del Grupo Parlamentario Popular, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Vivienda: ¿Cómo valora el Gobierno la situación de crisis del mercado inmobiliario que refleja el último boletín económico del Banco de España?".

En ambas preguntas, el tratamiento dado a Rodríguez Zapatero y a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, contraviene una de las normas contenidas en el Código de Buen Gobierno, que en su artículo 3.8 señala textualmente: "El tratamiento oficial de carácter protocolario de los miembros del Gobierno y de los altos cargos será el de Señor/Señora, seguido de la denominación del cargo, empleo o rango correspondiente".

"Si al presidente de Estados Unidos, George Bush, se le dice simplemente Mr. President, ¿por qué algunos se empeñan en que Zapatero sea excelentísimo señor presidente del Gobierno?", se pregunta un diputado socialista, que considera que esos tratamientos protocolarios contribuyen a ahondar la brecha que separa a los ciudadanos de a pie de la clase política.

El Código de Buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero de 2005, recoge los "principios éticos y de conducta que rigen las actuaciones de los altos cargos en el desempeño de su función", que deben servir, según señala la introducción de la norma, para "profundizar aún más en la regeneración democrática de los poderes públicos". Entre otras obligaciones, el código impone a los miembros del Ejecutivo la de rechazar "cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos sociales y de cortesía", y les recuerda que, en el caso de recibir obsequios "de mayor significación", deberán cederlos al patrimonio del Estado.

El código también advierte que los altos cargos "se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la Administración del Estado pone a su disposición por razón del cargo" (como podría ser, por ejemplo, la utilización de un coche oficial para realizar viajes privados), y les avisa de que deben garantizar "la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables", un claro reproche al Gobierno de José María Aznar, al que los socialistas acusaron en 2004 de destruir abundante documentación antes de efectuar el traspaso de poderes al primer Ejecutivo de Zapatero.

Un diputado socialista que en 2005, cuando se aprobó el Código de Buen Gobierno, ocupaba un asiento en el Consejo de Ministros, asegura a El Confidencial que los dos ministros más reacios a prohibir el tratamiento de excelentísimo para los altos cargos fueron el de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el propio Bono, entonces al frente de Defensa. López Aguilar llegó a protestar, en una de las reuniones presididas por Zapatero en La Moncloa, porque le parecía inapropiado que en las frecuentes reuniones que mantenía con jueces y magistrados del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional éstos recibiesen el tratamiento de excelentísimos y a él, que era el ministro, se le rebajase a "Don Fernando López Aguilar". Bono también opuso una fuerte resistencia, pero al final se impuso el criterio de Zapatero, que fue, junto al entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el principal impulsor del código.

Un portavoz del Congreso señaló ayer que todos los miembros del Gobierno, sean diputados o no, reciben siempre en la Cámara Baja el tratamiento de excelentísimo señor (o excelentísima señora). Sin embargo, fuentes del Ejecutivo precisaron a El Confidencial que el tratamiento de los altos cargos gubernamentales "sólo lo puede fijar el Consejo de Ministros", y que, por lo tanto, el presidente del Congreso está obligado a respetarlo.

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