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 Rosa Díez charla con el socialista Antonio Hernando. (Efe)

El reconocimiento político de las víctimas de terrorismo se ampliará para amparar a aquellos ciudadanos que no hayan sido objeto directo de atentados, pero que sufran el terrorismo en forma de amenazas, extorsión o kale borroka. La autora de esta propuesta, Rosa Díez, diputada de UPyD, logró ayer sumar los votos a favor en el Congreso de PSOE y PP, en un acuerdo de consenso sobre lucha antiterrorista impensable hace apenas unos meses. La moción aprobada insta al Gobierno a trabajar con todos los grupos para que, en el plazo más breve posible, con el consenso de toda la Cámara, se elabore una nueva ley de protección y reconocimiento de las víctimas del terrorismo.

Además de ampliar el concepto de víctima, “potenciando el papel de la sociedad civil”, el texto prevé que se reconozcan nuevos derechos sociales para este colectivo y que se mejore su estatuto en el proceso penal. En cuanto a la actual normativa de ayuda a las víctimas, plantea su unificación, de acuerdo con los principios de solidaridad y atención integra, así como una puesta al día de la respuesta que se da a las diversas situaciones derivadas de la violencia terrorista. Esta moción, pactada por PSOE, PP y UPyD, fue aprobada sin ningún voto en contra, con 328 votos a favor, y tres abstenciones.

Díez, tras agradecer la actitud de los portavoces de los grupos socialista y popular, afirmó que con este acuerdo se aprobaba “la asignatura pendiente de la democracia”, la de reconocer la condición de víctima a los ciudadanos que “cotidianamente son acosados por los terroristas” y que “se enfrentan en su vida privada al fanatismo y al totalitarismo”. Para Díez, estas “víctimas vivas” hacen más libres “al resto de los españoles por resistir al terrorismo”. La diputada de UPyD puntualizó que no se refería únicamente a políticos, sino a “ciudadanos cuya vida no conocemos hasta que son víctimas de un atentado”, como profesionales, profesores, periodistas, jueces o estudiantes que tienen que ir con escolta a la universidad.

El portavoz del Partido Popular, Ignacio Cosidó, coincidió en que la democracia española “tiene una deuda con las víctimas del terrorismo”, porque “ningún otro colectivo ha hecho tanto por afianzar la democracia como víctimas del terrorismo”. Cosidó reclamó al Gobierno que acabe con el retraso de tres años y tramite la reforma de la ley de víctimas, y sentenció que el mejor homenaje y protección que se puede ofrecer a las víctimas es la derrota de ETA. Por su parte, Antonio Hernando, portavoz del Grupo Socialista, reconoció también el “coraje cotidiano frente a la violencia” de muchos ciudadanos, y sostuvo que estas medidas son un paso más en el reconocimiento de quienes han sido víctimas “en sentido no escrito”.

En busca de la unanimidad

El nuevo clima político que ha traído el inicio de la legislatura ha permitido un primer acuerdo entre PSOE y PP en una materia tan sensible como la consideración de las víctimas de terrorismo. Además, los dos partidos mayoritarios parecen haber sentado las bases para repetir la unanimidad alcanzada en 1999 con la ley de solidaridad con las víctimas. En este sentido, Cosidó señaló que apoyará “cualquier iniciativa que venga de donde venga dirigida para dar amparo y apoyo a las víctimas”. “Las victimas son un patrimonio común del conjunto de la democracia española, cuando debatimos o legislamos, debemos aspirar no al consenso, sino a la unanimidad”. Hernando respondió a Cosidó que “bienvenida sea la espera de tres años” para reformar la ley si finalmente se hace con unanimidad, ya que “para todos nosotros la prioridad de victimas es una evidencia”. Díez, que propició el entendimiento, se refirió también a la importancia del pacto “cuando hace nada que parecía imposible ponernos de acuerdo”. Asimismo, Mercè Pigem, de CiU, destacó que se trataba de una “magnífica oportunidad de recuperar el acuerdo que se perdió en la pasada legislatura”.

No obstante, y pese a no cosechar votos en contra, el consenso no fue total, dado que Joan Ridao, portavoz de ERC, y Emilio Olabarría, del PNV, optaron por recordar que también existían víctimas del Estado, por lo que, a su juicio, la moción merecía un debate más amplio. Olabarría acusó a Díez de pretender redefinir legalmente al “victimario”, en lugar de a la “víctima”, y le recordó que no necesitaba de “su espectacular irrupción en la arena política para saber que ETA es criminal y hace daño”. Olabarría, en una dura intervención, se refirió a la existencia de torturas por parte del Estado, en referencia al informe del relator de Naciones Unidas sobre la legislación antiterrorista española, y tachó la iniciativa de un intento para “patrimonializar el dolor de las víctimas”. Ridao, que también aludió a las torturas, aseguró que con esta propuesta “se propone declarar terrorista a personas que la ley no considera que lo son”, algo que calificó de “despropósito”.

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