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De acuerdo con un llamado 'Informe de Publicidad y Comunicación Institucional 2007', aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, el Gobierno de la nación gastó el año pasado la friolera de 269,5 millones de euros (un 25% más que en 2006) en publicidad y comunicación institucional, cifra que equivale a casi 45.000 millones de las antiguas pesetas, una suma muy importante que pasó a engrosar directamente las cuentas de resultados de los grupos de comunicación, españoles en su mayoría. El problema es que no de todos, y desde luego no en la proporción adecuada a su circulación o nivel de audiencia. En el caso de la empresa que edita este diario, los ingresos que Titania Compañía Editorial recibió de esas campañas de publicidad del Estado fue cero patatero.

Lo cual plantea algunas interesantes reflexiones casi de obligado cumplimiento cuando de una democracia, o eso dicen, se trata, cogitaciones que tienen que ver con dos ámbitos fundamentales de análisis: el referido a los criterios utilizados a la hora del uso –a menudo abuso- del dinero público por parte de la Administración, por un lado, y la relación de profunda desconfianza, cuando no abierta enemistad, que esa Administración ahora en manos del Gobierno socialista mantiene con las nuevas tecnologías, en general, y con Internet, en particular. Ya saben, lo que no puedo controlar, lo combato y, en el mejor de los casos, lo ignoro o lo aíslo como si de la peste se tratara.

De acuerdo con la correspondiente nota oficial, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio fue el que más invirtió, hasta un total de 79 millones de euros en 26 campañas. Los receptores de aquella lluvia de dinero fueron la televisión (el 40% de la inversión total), la prensa escrita (30%), y la radio (12%). Queda sin especificar el destino del 18% (o 48,5 millones de euros) de aquella inversión, porcentaje en el cual deberían encontrarse los medios en Internet y, obviamente, El Confidencial. De acuerdo con los últimos datos de OJD (1,2 millones de usuarios únicos y cerca de 6 millones de visitas mes), este diario figura entre los más importantes publicados en español en la Red, lo cual hace todavía más llamativo, por escandaloso, el ninguneo consciente que, con el dinero del contribuyente, el Ejecutivo practica con los 40 periodistas que integran ya la nómina de El Confi.

No caeremos en la tentación de ponernos estupendos con declaraciones grandilocuentes, aunque la ocasión lo merezca, porque esta película ya la hemos visto muchas veces y estamos, en suma, ante una manifestación más de los males de una democracia sin demócratas, servida por un Gobierno que cree lícito utilizar el dinero público para masajear a los medios que le son adictos, con independencia de su circulación o del impacto que tengan en la opinión pública. Se trata de ayudar a los amigos. Vale el viejo refrán, tan castizo él, según el cual “a los amigos, todo; a los enemigos, nada, y a los indiferentes, la legislación vigente”.

Por desgracia para nuestra cuenta de resultados (y suerte para nuestros lectores) El Confidencial podría ser encuadrado dentro de ese grupo de los “indiferentes”, es decir, los medios no alineados con ninguno de los dos grandes partidos en liza. En este diario no se pide el carné ideológico a ningún periodista, ni se guarda fidelidad a ningún partido. Este es un medio plural. Como España, como la vida misma. Y eso no se lleva en este país nuestro, donde rige la máxima de “cada oveja, con su pareja”. Tampoco se lleva que hagamos periodismo en Internet, esa maravillosa ventana de libertad, ese invento revolucionario que tan difícil ha puesto a Gobiernos y a grupos de presión mantener el control de lo que se publica.

La desconfianza hacia Internet entre los altos cargos de la Administración socialista es manifiesta. El Confidencial, al contrario que una inmensa mayoría de medios en la Red, es un diario que busca, elabora y contrasta su propia información, y lo hace de acuerdo con los cánones clásicos del periodismo de calidad, lo cual lleva con frecuencia a sus redactores a tener que contrastar sus noticias con fuentes oficiales. La respuesta de la Administración, ya sea Moncloa o cualquiera de los Ministerios, daría para llenar una biblioteca de anécdotas a caballo entre el esperpento y la risa. Ocurre simplemente que el Gobierno, a quien se le suele llenar la boca hablando de Internet y las nuevas tecnologías, desconfía de aquello que no controla. Y, si puede, le niega el pan y la sal. Democracia a la española.

El Ejecutivo aprobó el viernes el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional para el año 2008, plan que tiene por objeto “aumentar la transparencia (sic), mejorar la planificación y garantizar la utilidad de la comunicación de la Administración Central”, con una inversión prevista de 187 millones de euros, distribuidos en 161 campañas a lo largo del año. “Con respecto a las herramientas de comunicación a emplear”, señala el texto oficial, “destaca una vez más el empleo de la prensa escrita en más del 74% de las campañas, seguida de Internet (60%), radio (54%) y televisión (41%). Destaca, por tanto, el gran aumento de la utilización de Internet...”. De acuerdo. Vamos a ver si el Gobierno cumple por fin con los principios de transparencia y equidad que recoge la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. Le estamos esperando.

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