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Las convulsiones internas que afectan a casi todos los partidos de la oposición, que deben afrontar en las próximas semanas congresos decisivos para tratar de zanjar sus luchas de poder, están sirviendo al Gobierno para justificar su preocupante falta de iniciativa. Cuando están a punto de cumplirse dos meses desde que José Luis Rodríguez Zapatero y su nuevo equipo prometiesen sus cargos, el Ejecutivo no ha aprobado un solo proyecto de ley ni ha avanzado en la negociación de los grandes pactos de Estado prometidos por Zapatero en su debate de investidura, y muchos de sus ministros permanecen todavía inéditos o están desaparecidos. Esa aparente desgana se encubre desde La Moncloa con la mera gestión de los problemas del día a día, una tarea que recae casi exclusivamente sobre los hombros de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, más valorada en las encuestas que el propio Zapatero.

El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, aseguraba hace casi un mes en una entrevista: “Todos los partidos, salvo el PSOE, están en momentos de discusión interna, con congresos en poco tiempo, y tendrán que definir liderazgos. Mientras eso no ocurra, los acuerdos son difíciles, francamente. La estabilización de determinadas alianzas será más posible cuando los partidos tengan situaciones internas más estables”. Todos los grandes partidos de la oposición, en efecto, están a punto de celebrar congresos determinantes en los que está en juego su liderazgo, como en el caso del PP, CiU y ERC; o bien se hallan inmersos en agitados procesos de definición de su estrategia política, como le ocurre al PNV. La consecuencia de tan insólita situación es que la oposición está más pendiente de sus conflictos internos que de fiscalizar la labor del Gobierno, y éste ha aprovechado esa circunstancia para excusar la congelación de las principales negociaciones en marcha, como la que debe servir para impulsar la reforma de la Justicia.

La semana pasada, Alonso y su colega del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se culparon mutuamente del estancamiento de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial y cubrir las vacantes en el Tribunal Constitucional. La portavoz popular acusó al PSOE de parapetarse tras la crisis del PP “para no gobernar ni adoptar medidas para que la Justicia sea más ágil y eficaz”; y Alonso le respondió que el conflicto interno que vive el principal partido de la oposición “no debiera condicionar” las negociaciones en curso. Pero lo cierto es que hay más razones, además del rompecabezas del PP, para entender el frenazo en seco a la búsqueda de acuerdos; entre ellas, el hecho cierto de que el PNV ha dejado de ser el socio preferente del PSOE en el Congreso. Ese papel, que los nacionalistas vascos desempeñaron fielmente durante la pasada legislatura, ha quedado ahora vacante, tras el brusco alejamiento que, en clave electoral, han escenificado socialistas y peneuvistas a propósito de los planes soberanistas de Juan José Ibarretxe.

Descartado el PNV, casi se puede decir lo mismo en el caso de ERC, que el próximo día 14 celebra un congreso para elegir al sustituto de Josep Lluis Carod-Rovira en la cúpula del partido, cuyas buenas relaciones con el PSOE se truncaron en el último tercio de la pasada legislatura a raíz del cepillo que los socialistas aplicaron al Estatuto de Cataluña. En este escenario, el PSOE no quiere enfrentarse al riesgo cierto de una derrota parlamentaria como la que estuvo a punto de sufrir hace dos semanas por el llamado caso Taguas, una incómoda situación que salvó in extremis gracias al apoyo de CiU.

“Mientras la oposición se mire el ombligo y Zapatero crea que vive en permanente estado de gracia va a ser muy difícil sacudirse esa sensación de parálisis de la vida parlamentaria. Gobernamos en minoría, pero parece que tengamos mayoría absoluta”, reconoce un diputado socialista, que vaticina, como el propio Alonso reconoce en privado, que hasta después del verano –el actual periodo de sesiones concluye el próximo día 30– resultará casi imposible desatascar las negociaciones pendientes.

Viejas promesas electorales

Esa situación de estancamiento y apatía parece haberse contagiado al Gobierno –o viceversa–, que desde que celebró su primer Consejo de Ministros, el pasado 14 de abril, se ha volcado casi exclusivamente en administrar el día a día. Así, el Ejecutivo aprobó, el 18 de abril, un decreto urgente para conducir agua a la sedienta Barcelona, decreto que el próximo viernes será derogado porque las lluvias caídas durante el mes de mayo hacen ya innecesario ese trasvase. Y ese mismo día dio el visto bueno a un paquete de medidas para la “reactivación económica” que incluía la desaparición del impuesto del patrimonio y el descuento de 400 euros en el IRPF, dos iniciativas que Zapatero ya había anunciado meses atrás, durante la campaña electoral.

Aparte de eso, y de enfrentarse a algún que otro problema sobrevenido –como la crisis por el secuestro del pesquero Playa de Bakio o la tensión diplomática con Italia por la salida de tono de Fernández de la Vega, que criticó la política de inmigración de Silvio Berlusconi–, poco más se puede añadir a la hoja de servicios del Ejecutivo en estas primeras semanas de legislatura. El Gobierno no ha aprobado un solo proyecto de ley en todo este tiempo, circunstancia que llama aún más la atención si se tiene en cuenta que al inicio de la anterior legislatura, tras el primer triunfo en las urnas de Zapatero, éste impulsó el proyecto de ley de Violencia de Género; aprobó el de medidas contra la morosidad; derogó el trasvase del Ebro y modificó el Plan Hidrológico Nacional; reformó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y anunció las líneas maestras de la Ley Audiovisual, entre otras iniciativas. Y cumplió su palabra de retirar de inmediato las tropas españolas de Irak.

Ahora, Zapatero aún no ha encontrado fecha para su anunciado primer viaje al exterior de la legislatura –Marruecos– ni se tiene noticia del pacto de Estado sobre política internacional que se comprometió a alcanzar con el PP durante su debate de investidura en el Congreso; a Mariano Rajoy no se le espera, de momento, en La Moncloa; de la elaboración de un nuevo Pacto Antiterrorista o la reactivación del actual no hay la menor señal; la promesa de convocar de urgencia la Conferencia de Presidentes Autonómicos para redoblar la lucha contra la violencia machista se ha aparcado; la negociación sobre la financiación autonómica no termina de arrancar; y en la agenda no figura un acercamiento al PP para afrontar la galopante crisis económica –que el Gobierno sigue empeñado en etiquetar de desaceleración–, ya que, como reconoció el vicepresidente Pedro Solbes tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, “de este asunto no hemos hablado con el PP. Ellos prefieren hablar de crisis”.

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