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Rebelarse ante la injusticia, ante el exceso de autoridad, ante la opresión, forma parte de la naturaleza del ser humano. En las democracias, a pesar de que, supuestamente, no deberían darse esos extremos, en ocasiones los ciudadanos se enfrentan a gobiernos que creen que la legitimidad de las urnas es un cheque en blanco para todo tipo de abusos de poder. Es cierto que, en esas circunstancias, el ciudadano tiene en su mano la potestad de acabar con el abuso en las urnas, pero ¿qué ocurre cuando una mayoría social no es consciente de lo que está pasando y mantiene en el poder a quien abusa del mismo o, simplemente, no le importa? Es entonces cuando la sociedad civil, aquellos que se sienten agredidos por el sistema, tiene que buscar otras fórmulas de rebelión, y esto forma parte de la esencia misma de la democracia que, en ningún caso, significa una imposición de la mayoría electoral sobre el resto de la ciudadanía. La objeción de conciencia es uno de esos recursos a los que puede acudir el ciudadano para protegerse del abuso del poder. Y este Gobierno practica ese abuso de poder de muchas maneras, una de ellas con la imposición por la vía educativa de una doctrina absolutamente nefasta para el ser humano, fundamentada en la negación del individuo como criatura de Dios, libre y poseedor de toda clase de derechos, en beneficio de una concepción colectivista y amoral de la sociedad.

En la puerta del colegio de mis hijos han puesto una mesa para la recogida de objeciones de conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía, sin duda alguna una de las más perversas decisiones adoptadas por este gobierno relativista y ausente de toda ética. En tan solo un par de días han recogido cientos de objeciones, y me alegra saber que fui uno de los primeros en, sin muchas preguntas, rellenar las hojas. Como otros padres, me sentí bien, porque tuve la sensación de estar haciendo lo mejor para el futuro de mis hijos, un futuro en el que quiero que sean sus padres los que les aclaren las dudas morales que puedan tener sobre determinados asuntos trascendentes para su futura convivencia. Esos mismos referentes morales que mis padres me transmitieron a mí, y que me gustaría que mis hijos transmitan a sus hijos, porque son el fundamento de una convivencia basada en la libertad individual y en el respeto a los demás y a sus creencias. Y eso, perdónenme, no es lo que subyace en el contenido curricular de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en el cual lo que se pretende es aleccionar a nuestros hijos en una determinada amoralidad social, en una religión de Estado que se quiere imponer a la sociedad desde su más tierna infancia.

Es curioso que los mismos que exigen a la Iglesia Católica que abandone las aulas, sean los que ahora pretenden sustituir una religión fundamentada en el amor al ser humano por otra religión que destila odio por todas partes hacia aquellos que no piensan como los paladines de la igualdad, el sexo libre y la muerte legal. Como liberal que soy, creo en el laicismo, y ya he escrito alguna vez que la relación Iglesia-Estado debería limitarse a un ámbito de colaboración en la medida que la Iglesia presta una serie de determinados servicios a la comunidad que son positivos, pero que la presencia de la religión debería reducirse al ámbito familiar y parroquial salvo en los colegios privados o concertados a los que los padres llevamos a nuestros hijos porque, de manera específica, queremos que reciban una educación en determinados valores propios del cristianismo. De igual modo, es perfectamente razonable que existan colegios de otras confesiones religiosas e, incluso, tendría lógica la existencia de colegios donde se imparta una determinada moral similar a la que se quiere imponer en Educación para la Ciudadanía.

Pero la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la que tanto se le llena la boca a Rodríguez Zapatero, pero que tan poco caso le hace. El papel del Estado debería reducirse a garantizar que todos los niños en edad escolar puedan escolarizarse porque hay colegios suficientes para ello. El Estado no debe dedicarse a regular el tipo de moral que se va a enseñar a los niños en el colegio, porque eso excede, y mucho, de sus funciones. Es una extralimitación que va mucho más allá de su papel constitucional y supone una invasión muy dañina del ámbito individual y familiar. Cada vez más gente se está dando cuenta de que esto es así, y el número de objeciones crece de manera alarmante, hasta el punto de que no es impensable que el Gobierno reconsidere su posición inicial y se avenga a negociar un currículo distinto para esa asignatura, limitándolo al estudio de la Constitución Española y la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Eso, yo creo que cualquier padre lo aceptaría, y podríamos discutir si debe ser una asignatura concreta en uno o varios periodos educativos, o si debe ser una enseñanza transversal –yo me inclino por esto último- dado que va a ser una enseñanza que afecte a la vida de nuestros hijos más allá del periodo escolar.

Pero a lo que muchos padres no estamos dispuestos es a permitir que el Estado invada de este modo tan brutal el ámbito de nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos. Y tenemos todo el derecho del mundo a rebelarnos, tenga o no tenga mayoría parlamentaria el Gobierno de turno, porque la democracia es también eso, la capacidad de la sociedad civil para decir que ‘no’ cuando considera que el Gobierno se extralimita de sus funciones. Me alegra saber que el PP, que después de las elecciones mantuvo una postura un tanto ambigua, ha vuelto a la racionalidad y ha expresado su solidaridad con los padres objetores y se ha puesto a disposición de los mismos para ayudarles, y que las comunidades en las que gobierna van a facilitar la objeción y garantizar que no habrá asignatura de Educación para la Ciudadanía para aquellos niños cuyos padres hayan objetado, sin represalias de ninguna clase. A los padres que duden, les recomiendo una lectura sosegada de algunos de los libros de esta asignatura, como el de la editorial Akal, en el que se practica una burla sistemática de la Iglesia, la familia y se promueve el aborto libre y gratuito. Pero en cualquiera podrán comprobar como se pretende sustituir una moral basada en el respeto y la libertad por otra fundamentada en la ley del ‘todo vale’ y en la ética relativista de ‘el fin justifica los medios’. Si después de eso, prefieren que a sus hijos se les aleccione de esa manera, allá ellos, pero al menos respeten nuestra libertad para decir que no estamos dispuestos.

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