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La grave crisis que atraviesa el PP no sólo le está pasando factura al principal partido de la oposición, sino que empieza a afectar también al funcionamiento de las instituciones. Las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), designar magistrados del Tribunal Supremo y cubrir las vacantes en el Tribunal Constitucional están prácticamente estancadas, y los socialistas, que atribuyen esa parálisis al conflicto interno del PP, dan por hecho que hasta después del verano, en el mejor de los casos, no será posible desatascar la Justicia.

Fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, que encabeza José Antonio Alonso, han asegurado a El Confidencial que el Gobierno y el PSOE están "a la espera" de que Mariano Rajoy resuelva sus "problemas internos" para impulsar una negociación que ahora, aunque avanzaba con lentitud, se ha frenado en seco. "Los contactos se van a reanudar en junio, pero está casi todo por hacer, y a este ritmo es prácticamente imposible que antes del verano se llegue a un acuerdo", añaden las citadas fuentes.

Sin embargo, en el otro bando ven la situación de manera bien distinta. Un portavoz del Grupo Parlamentario Popular asegura que el PP está dispuesto a cerrar la negociación sobre el llamado Pacto de la Justicia "antes del verano", pero que son los socialistas los que tratan ahora de ralentizarla. Y ponen un ejemplo: la vacante del fallecido Roberto García-Calvo, que el PSOE, según estas fuentes, "no tiene ningún interés" en cubrir. Tras la muerte de este magistrado del sector conservador, el PP ha perdido la mayoría de la que gozaba en el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente de resolver el decisivo recurso sobre el Estatuto de Cataluña. Los populares deben proponer en el Congreso el nombre del sustituto de García-Calvo, y temen que el PSOE frene este trámite para no volver a quedar en minoría.

La número dos del partido, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer que el PSOE "no puede escudarse" en la crisis interna del PP "para no gobernar ni adoptar medidas para que la Justicia sea más ágil y eficaz", y exigió a los socialistas que se sienten a negociar "cuanto antes" la vacante de García-Calvo.

Pero lo cierto es que hasta el fallecimiento de García-Calvo el PP no había mostrado el menor signo de urgencia en renovar el Tribunal Constitucional -la negociación incluye también el relevo, a propuesta del Senado, de otros cuatro magistrados-, ya que esa renovación perjudicaba sus intereses políticos.

Alonso dijo ayer que la situación "crítica" que atraviesa el PP "no debiera condicionar" la renovación del Tribunal Constitucional, y advirtió a los populares que los magistrados "no son propiedad de ningún partido".

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