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Mientras media España está la greña contra la otra media a cuenta de la financiación autonómica, un silencio clamoroso recorre las cancillerías territoriales de la piel de toro.

Catalanes y valencianos se unen -con buen criterio- para defender los derechos de sus ciudadanos. Extremeños, andaluces y castellano manchegos, hacen exactamente lo mismo. La vieja Castilla y León y Asturias, tienen la vista puesta en lograr que el envejecimiento de la población se convierte en una variable más relevante a la hora de calcular la solidaridad interregional. Todas y cada una de las regiones, como es conocido, marcan su posición en esta almoneda de los agravios comparativos, pero sólo un territorio, la Comunidad de Madrid, no ha dicho esta boca es mía. Al menos de una forma contundente. Una cosa es decir generalidades sobre la necesidad de mantener la cohesión territorial en el conjunto del Estado, algo evidente, y otra muy distinta es echar números y proponer reformas concretas de un modelo que se ha quedado obsoleto por la irrupción de cinco millones de inmigrantes en apenas media docena de años, de los cuales el 20% se ha instalado en la capital y alrededores.

La opinión de Madrid no es irrelevante, y de ahí que sorprenda el silencio de Aguirre, a quien no parece preocuparle mucho que los madrileños -junto con valencianos, catalanes y baleares- sean los paganos del sistema más allá de lo que sería razonable. Veamos. Madrid es, como todo el mundo sabe, la comunidad autónoma con mayor capacidad fiscal propia del conjunto del Estado. Sin embargo, una vez aplicado el Fondo de Suficiencia -el instrumento que sirve para nivelar la renta de los españoles- pasa al puesto decimotercero en cuanto a recursos financieros. Como se ve, un notable cambio que se explica por la enorme dotación del fondo, nada menos que 32.000 millones de euros en 2006. Madrid es, de hecho, junto a Baleares, la única región que no solo no recibe ni un céntimo del Fondo de Suficiencia, sino que tiene un saldo negativo.

Habrá quien piense que eso lógico teniendo en cuenta que los madrileños son los más pudientes, por lo que toca tirar de chequera. Veamos otra vez. Madrid, eso es cierto, es la región más rica del país en términos de PIB per cápita, pero pasa al tercer puesto (por detrás del País Vasco y Navarra) si el análisis se hace en términos de poder de compra. Y es que, como dice Funcas en su último Balance Económico Regional, las diferencias relativas en el nivel de desarrollo son necesariamente corregidas por el efecto de los precios (el coste de la vida) y por las transferencias públicas para la financiación de gastos sociales tan importantes como la enseñanza y la sanidad.

Barcelona es, por ejemplo, sostienen los profesores Alcaide (Julio y Pablo) un 23,5% más cara que Badajoz, que además recibe más transferencias públicas por su bajo nivel de desarrollo. Y lo mismo pasa con Madrid, lo que explica que las diferencias regionales se reduzcan de una forma radical cuando se tiene en cuenta el poder de compra. Madrid apenas tiene cinco puntos porcentuales más de renta que Aragón y siete más que Castilla y León. El caso más espectacular es el de Cataluña y Baleares, que pasan a ocupar las posiciones octava y décima cuando el análisis se hace en términos de poder de compra.

Quiere decir esto que la presunta posición privilegiada de Madrid tiene mucho de maquillaje, por lo que sorprende la pasividad del Gobierno regional a la hora adoptar una postura beligerante en materia de financiación autonómica. Tan sólo se limita a pedir más inversiones del Estado, como si el problema no tuviera que ver con el modelo de financiación autonómica. Tiene razón Aguirre cuando sostiene que Zapatero ahoga económicamente a la Comunidad con su nula política de inversiones, pero la presidenta no aborda el problema de fondo, que no es otro que la existencia de un sistema de financiación manifiestamente mejorable que penaliza a las regiones más eficientes y, por el contrario, trata con mimo a quienes no lo son por culpa de sus gobernantes.

La única explicación puede tener que con ver el interés que tiene Esperanza Aguirre en no aparecer ante la opinión pública como aliada de los nacionalistas catalanes en su cruzada por racionalizar la política de solidaridad regional, lo cual está bien como estrategia política, pero deja desasistidos a los madrileños. Los Camps de la Comunidad Valenciana (Francisco y Gerardo) han hecho justo lo contrario y eso dice mucho en su favor. Escudarse en planteamientos ideológicos para no actuar defendiendo los intereses de Madrid es, simplemente, un error.

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