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El Gobierno actuará con firmeza exigiendo el cumplimiento de la ley y, si el Parlamento vasco aprueba el proyecto sobre la consulta planteada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, no dudará en presentar un recurso de inconstitucionalidad si llega el caso, con la suspensión automática de esta norma. Así lo anunció este miércoles en rueda de prensa la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, quien garantizó que el Ejecutivo exigirá el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto y el ordenamiento jurídico y que impugnará el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno vasco si éste es ratificado por el Parlamento de Euskadi.

"No tengan ninguna duda"

Ibarretxe presentó el proyecto de ley de regulación de la consulta planteada para el 25 de octubre, en el que interrogará a los ciudadanos si están de acuerdo con un final dialogado de la violencia y con una negociación entre los partidos vascos sobre el derecho a decidir. "No tengan ninguna duda de que el Gobierno va a actuar y va a impugnar" ante el Tribunal Constitucional el proyecto de ley si se aprueba por el parlamento vasco y pedirá la suspensión de la norma en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, anunció Salgado.

La ministra hizo hincapié en la necesidad de actuar con consenso y de dar prioridad a la unidad, que consideró "más esencial que nunca" en estos tiempos de rebrote de la violencia etarra, que "pretende alterar la vida en el País Vasco". Salgado reiteró la posición del Gobierno y trasladó a los ciudadanos su "total oposición" a un proyecto unilateral, que no sólo no cuenta con el consenso necesario entre las fuerzas políticas, sino que, a su juicio, divide a la sociedad vasca y se sitúa fuera de la Constitución.

Tras insistir en que los vascos quieren entendimiento, convivencia pacífica y respeto a todas las sensibilidades, la ministra aseguró que estos principios han hecho del País Vasco "una de las zonas más prósperas de la UE". El diálogo al que apela el lehendakari debe enmarcarse, en su opinión, en la Constitución y las leyes, y debe ser respaldado por la amplia mayoría del pueblo vasco, que quiere "convivir en paz y libertad".

Un viaje a ninguna parte

"No es tiempo de desafíos entre administraciones ni de la confrontación permanente", proclamó Salgado, convencida de que los ciudadanos quieren que los gobiernos resuelvan sus problemas, les ofrezcan seguridad y confianza, y no generen nuevos conflictos "estériles", que vulneran la legalidad vigente y que "no llevan a ninguna parte". Anotó, además, que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha reunido en nueve ocasiones con el lehendakari, la última de ellas la semana pasada, en la que le reiteró la postura del Ejecutivo respecto a sus planes soberanistas y a la necesidad de hacer políticas para la unidad y no para dividir.

No obstante, recalcó la ministra, ninguno de estos encuentros sirvió para convencer al lehendakari de esa necesidad de consenso, pues Ibarretxe ha seguido adelante con su proyecto. Por eso, Salgado no dudó en recordar a Ibarretxe que, como presidente del País Vasco, ostenta la representación ordinaria del Estado en esa comunidad autónoma, de manera que está obligado a "cumplir y a hacer cumplir las leyes y la Constitución".

Los responsables políticos deben ser los primeros en dar ejemplo del sometimiento al Estado de la legalidad, agregó Salgado, antes de constatar que la confianza en el lehendakari "ha ido diluyéndose". Tras precisar que el Ejecutivo no puede recurrir hasta que el proyecto sea una ley, Salgado dudó de que el lehendakari vaya a echarse atrás en sus posicionamientos y añadió que al Gobierno le hubiera gustado que no se hubiera llegado a esta situación. "Al lehendakari no le corresponde situarse al margen de las leyes, como hace con esta iniciativa", advirtió.

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