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 Antonio Camacho.

El miedo es libre y cuando se ejerce una profesión en el punto de mira de los terroristas toda precaución es poca. Por ello, el juez decano de Bilbao Alfonso González Guija anunciaba ayer su preocupación porque, por el momento, ni el Gobierno central ni el vasco hayan asegurado el reforzamiento de la seguridad de todos los magistrados que ejercen y residen en el País Vasco. No obstante, no se trata de un rechazo total, puesto que en casos puntuales sí se concederá dicho refuerzo.

Tales casos son los altos cargos de la Judicatura vasca, así como todos aquellos que trabajan en áreas más vinculadas a la lucha antiterrorista. Guija recordó que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el viceconsejero Mikel Legarda para analizar la situación. Un encuentro “sincero”, en palabras del juez decano, en el que se pidió la doble escolta y un vehículo por cada magistrado, en lugar de un solo escolta. Ninguna de las administraciones se han mostrado totalmente reticentes, “pero la respuesta volvió a ser no”.

La necesidad de un escolta se aprobó en 2001 tras el asesinato del magistrado José María Lidón, en noviembre de ese año. Lidón salía de su garaje en la localidad vizcaína de Getxo cuando dos miembros de ETA le dispararon en tres ocasiones. Ahora, Guija exige más seguridad porque la amenaza de un posible atentado “no se manifiesta en el día a día de los jueces vascos”, tan sólo se pretende adoptar medidas de prevención antes de lamentar cualquier otra pérdida.

Lorenzo del Río, portavoz de la Asociación de la Magistratura Francisco de Vitoria, comentaba a El Confidencial que es comprensible el refuerzo en caso de “responsables de determinadas áreas, pero nunca se sabe” porque a veces se ponen los esfuerzos en unas personas que se entienden como objetivos más probables “y luego atacan al que menos te los esperas”. No obstante, recordaba que si no es posible la petición de los jueces vascos, al menos, se debería intensificar las medidas de contravigilancia (exploraciones previas a los movimientos de los protegidos) por su gran efectividad.

Asimismo, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, suscribe “párrafo a párrafo lo que dice el decano de los jueces de Bilbao” porque, “junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid son los que saben con total certeza lo oportuno y necesario de ampliar las medidas de seguridad”. En cuanto a las dificultades más probables a las que se enfrenta el Gobierno nacional y vasco, “no sólo son presupuestarias, sino probablemente técnicas”. Sin embargo, hay que ir un poco más allá de los que entendemos como objetivos primordiales de ETA puesto que “el sentirse amenazado es muy personal”.

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